En las últimas horas, 28 personas que se encontraban secuestradas desde el 16 de enero del 2025 por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, Norte de Santander, fueron liberadas.
De acuerdo con el reporte preliminar, tras estar en cautiverio por 11 meses, estos ciudadanos fueron entregados a la Comisión Humanitaria para la Región del Catatumbo, la cual estuvo encabezada por la Defensoría del Pueblo.
Entre los liberados hay 11 mujeres y 17 hombres, y entre ellos hay cinco menores de edad.
Cabe destacar que en menos de un mes se presentó otra liberación de un grupo de 11 ciudadanos, los cuales habían sido secuestrados por la misma organización armada ilegal.
Preocupación por aumento del conflicto en el Catatumbo
La Corte Constitucional expresó su preocupación por el incremento de desplazamientos masivos y confinamientos en el Catatumbo y sostuvo que este repunte ya se replica en varias zonas del país sin que existan respuestas estatales suficientes y sostenidas para proteger a la población afectada según señaló la magistrada auxiliar Johanna Cortés, en una entrevista publicada por El Tiempo, en la que advirtió que esta región muestra cómo el conflicto se está reconfigurando en Colombia.
La Sala Especial de Seguimiento convocó hace dos semanas una audiencia pública para revisar la situación humanitaria en el Catatumbo, donde más de 60.000 personas fueron desplazadas en menos de dos semanas durante este año, en medio de los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN. Cortés explicó que el aumento de reportes llevó al alto tribunal a pedir información desde marzo, debido al crecimiento simultáneo de desplazamientos y confinamientos en varios municipios.
La magistrada señaló que, a pesar de que ya terminó la conmoción interior declarada por el Gobierno, los desplazamientos continuaron. Un informe de la Gobernación de Norte de Santander reportó más de 80.000 personas desplazadas por la violencia en septiembre, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia pública citada por la Corte y reseñada por El Tiempo. La funcionaria explicó que la Corte decidió escuchar directamente a víctimas, autoridades, organismos de control, cooperación internacional y organizaciones civiles para evaluar la respuesta estatal y definir medidas adicionales de protección.
Cortés añadió que la Sala se encuentra analizando todos los insumos recibidos para tomar decisiones que mejoren la atención a las personas desplazadas y a las comunidades que permanecen confinadas, una modalidad de control que también registró un crecimiento notable.
Con información de Colprensa.