Luego de casi una semana de paro que dejó pérdidas cercanas a los 120.000 millones de pesos diarios, Santander se convirtió en el primer departamento en llegar a un acuerdo con el Gobierno Petro para levantar las protestas.
La mediación del gobernador Juvenal Díaz, junto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio del Interior, permitió que comunidades de 16 municipios, donde se denunciaron incrementos en los avalúos de hasta el 8.000%, aceptaran levantar los bloqueos en vías estratégicas.
De esta manera, y tras llegar a un acuerdo, fueron varios departamentos más que también levantaron las protestas, entre los cuales se encuentra Casanare, donde se logró habilitar la vía Marginal del Llano, específicamente en la salida que conecta a Yopal con Villavicencio.
Por su parte, en Risaralda la situación se normalizó en el sector de La Romelia, en Dosquebradas, gracias a un compromiso específico que suspende por tres meses la expedición y el cobro del impuesto predial rural.
Finalmente, en el departamento de Boyacá se reportó el levantamiento de los bloqueos en puntos neurálgicos como Chitaraque y Moniquirá. Al mismo tiempo, las autoridades avanzaron en procesos de diálogo para estabilizar la situación en municipios como Chiquinquirá, Saboyá y Tinjacá.
Cabe resaltar que, como hoja de ruta, luego de las negociaciones, se acordó el compromiso del IGAC para realizar mesas de trabajo municipio por municipio. Asimismo, los alcaldes locales presentarán proyectos ante los concejos para ampliar los plazos de pago y ofrecer descuentos.
Es importante tener en cuenta que este acuerdo llega luego de que los alcaldes del país se deslindaron de las responsabilidades derivadas de la crisis social por los aumentos en los avalúos catastrales.
La Federación de Alcaldes solicitó además que todos los municipios que no recibieron las bases catastrales actualizadas a 31 de diciembre de 2025 apliquen los efectos de las Resoluciones 1939 y 2057 de diciembre de 2025 hasta el 1 de enero de 2027.
Esta petición se basó en el artículo 12 de la Resolución 1912 de 2024 del Igac, que establece que “los valores catastrales resultantes del ajuste automático establecido en el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente al de su incorporación en las bases catastrales”.
Los alcaldes reiteraron que actuaron conforme a la ley, mientras que la entidad subrayó que los mandatarios locales carecen de competencia para modificar los incrementos discrecionalmente.
Con información de Colprensa.