Hace unos días se conoció que la EPS Sanitas, una de las más grandes del país, pues reúne a más de 5,7 millones de pacientes afiliados, será intervenida por la Superintendencia de Salud. La diligencia de notificación se llevó a cabo en la sede principal, ubicada en la Calle 100 de Bogotá.
La reciente intervención llevada a cabo por el gobierno del presidente Petro ha generado críticas y cuestionamientos por parte de varios congresistas y empresarios de diversos sectores del país. La decisión ha sido objeto de controversia, especialmente por considerarse “improvisada e ilegal” según algunos críticos.
En este contexto, el abogado del grupo Keralty, Juan David Riveros, ofreció una explicación detallada de las razones que llevaron a su grupo a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En una entrevista concedida a la revista Semana, Riveros delineó los fundamentos legales que respaldan su acción legal, resaltando la falta de fundamentos jurídicos y la aparente falta de planificación detrás de la intervención gubernamental.
“Después de lo que nosotros consideramos es un acto arbitrario por parte de la Superintendencia de Salud, que termina con la intervención de la EPS Sanitas, lo que hemos hecho es diseñar una estrategia jurídica para dirigirnos a los jueces de la República, tratando de evitar que continúe este acto arbitrario y lograr recuperar la administración de la EPS”, dijo el abogado.
Riveros también explicó que la finalidad es “recuperar, a la mayor brevedad, la administración de la EPS, pensando fundamentalmente en que podamos continuar prestando el servicio para nuestros usuarios, como lo hemos hecho desde hace algo más de 43 años de presencia en Colombia”.
Riveros insistió en que la intervención a Sanitas fue “abiertamente ilegal”, además de haber sido “desproporcionada y discriminatoria”.
“Esa es la razón por la cual nosotros acudimos el día de hoy, como inicio de una estrategia legal, a la Fiscalía General de la Nación, para proponer una denuncia en contra del superintendente nacional de Salud, porque consideramos que la decisión en sí misma está por fuera del ordenamiento jurídico por muchas razones”, aseguró.
Entre esas razones que expuso Riveros en Semana está “que toman una decisión que no tiene sustento legal y suspenden a la junta o a la asamblea de accionistas de la EPS. Eso lo que quiere decir es que están desconociendo el derecho a la propiedad de unos particulares en una empresa y eso es tremendamente grave y no está recogido ni tiene sustento en ninguna norma del ordenamiento jurídico colombiano, es decir, está absolutamente por fuera de la ley”.