Luego de que la Corte Constitucional declarara ilegal la intervención a EPS Sanitas, Keralty, empresa matriz, advirtió que el país enfrenta ahora la tarea de reparar los daños ocasionados durante más de un año de control estatal.
El presidente de la organización, Joseba Grajales Jiménez, afirmó que el fallo “restituye derechos vulnerados” pero insistió en que no basta con la decisión judicial.
“Exigimos reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado a pacientes, trabajadores y prestadores. Quienes sufrieron esta crisis merecen justicia y dignidad”, dijo.
Según Grajales, la intervención generó un deterioro profundo en la atención: desabastecimiento de medicamentos, usuarios desprotegidos y una red de servicios colapsada.
“Ese legado de abandono y desorganización no puede quedar impune. Quienes orquestaron o respaldaron esta estrategia destructiva deben rendir cuentas”, agregó.
Keralty también solicitó que se cumpla el pago de las obligaciones pendientes con las EPS y que se garantice su estabilidad financiera, así como frenar lo que calificó como “campañas de desinformación” contra Sanitas.
El directivo aseguró que la compañía está dispuesta a iniciar un proceso de reconstrucción, pero reiteró que este debe estar acompañado de acciones concretas del Gobierno.
“Estamos de vuelta con compromiso, pero la reparación es indispensable para sanar las heridas y reconstruir la confianza en el sistema”, puntualizó.
Y agregó: “La intervención no fue un error administrativo, fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos. Pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos son el legado de una supuesta ‘transformación’ improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad”.
Entre las peticiones de Keralty tras el fallo se destacan:
- Cumplimiento inmediato y total del fallo de la Corte Constitucional.
- Reparación de los daños ocasionados a usuarios, personal de salud y red de atención.
- Pago de las deudas pendientes y garantía de estabilidad financiera para las EPS.
- Fin a las campañas de desinformación sobre su gestión.
- Creación de garantías institucionales para evitar que se repita una intervención arbitraria.