A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunció sobre los hechos ocurridos en el corregimiento de Juntas del municipio de Dagua (Valle del Cauca), sucedidos el pasado sábado 11 de abril del presente año.
En esa ocasión, sucedió que hombres armados llegaron hasta el lugar de los hechos para intimidar a la comunidad del Cabildo Mayor Indígena Cañón del Río Pepitas en espacios públicos y marcaron paredes con grafitis alusivos a grupos armados ilegales.
Según la información recibida por la JEP, los hechos configuran lo que el tribunal describió como “un grave escenario de riesgo para las comunidades étnicas y sus liderazgos”, al afectar “su autonomía territorial y sus derechos fundamentales”. El comunicado no precisó el número de personas involucradas ni identificó el grupo armado al que pertenecerían.
La magistrada Xiomara Cecilia Balanta, quien dirige el Subcaso Pacífico Medio del Caso 09 —que investiga crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos—, señaló que situaciones de esta naturaleza “impactan directamente la participación efectiva de las víctimas en los procesos judiciales”.
En ese sentido, Balanta lanzó la alerta de que “las amenazas y la persistencia de la violencia en los territorios imponen silencios, restringen la posibilidad de avanzar en el proceso de justicia transicional y limitan el ejercicio de los derechos de las víctimas, en particular su participación, que resulta esencial para el esclarecimiento de la verdad y el cumplimiento de los fines del Sistema Integral para la Paz”.
A lo largo de su comunicado, la JEP le solicitó al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y municipales y a las entidades competentes en materia de seguridad y justicia adoptar medidas para proteger a los integrantes del Cabildo Mayor Indígena Cañón del Río Pepitas, prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar condiciones para el ejercicio de sus derechos.
En los últimos párrafos de su misiva, el tribunal transicional hizo un llamado a las entidades de control y protección para que evalúen de manera prioritaria la situación de riesgo y así implementen las medidas de protección colectiva e individual de los pueblos indígenas que habitan en este territorio del Valle del Cauca.
“La Jurisdicción reitera su compromiso con la centralidad de las víctimas, el enfoque étnico y la garantía de condiciones reales para su participación, así como con el esclarecimiento de la verdad en los territorios más afectados por el conflicto armado”, concluyó la JEP.
*Con información de Colprensa y redacción de El País