El viernes 25 de julio, el gobierno de Ecuador comenzó la deportación masiva de reclusos extranjeros, iniciando con cientos de colombianos recluidos en cárceles de ese país.
La medida fue anunciada por el presidente del país vecino, Daniel Noboa. No obstante, la Cancillería de Colombia hizo un fuerte reclamo ante la precipitada decisión.
La entidad afirmó que la decisión “unilateral”, desatendió las solicitudes del Gobierno colombiano, el cual esperaba aplicar un protocolo de seguridad para dicho traslado.
Según informaron las autoridades, los primeros detenidos fueron sacados de centros penitenciarios en las provincias de Chimborazo, Carchi y Napo.
Preocupación por llegada de colombianos
En la frontera del puente, que limita con el municipio de Ipiales, Nariño, el alcalde municipal, Amílcar Pantoja, advirtió que la llegada de los deportados tomó a las autoridades locales sin preparación suficiente, lo que ha generado dificultades logísticas para recibir a cerca de 800 connacionales.
“Estamos agilizando, quiero destacar que sobre este caso no tuvimos ninguna comunicación oficial institucional sobre este procedimiento”, declaró el dirigente local.
Ante la situación, la administración municipal informó que Pantoja presidió un Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional para coordinar acciones urgentes con la Presidencia de la República y la Cancillería, logrando activar las rutas institucionales que permitan garantizar el respeto de los derechos de las personas deportadas.
Llegada de colombianos
En la noche del viernes,25 de julio, un grupo de 13 colombianos cruzó el puente internacional de Rumichaca, ubicado en la frontera con Nariño, Colombia.
Y cerca de 150 colombianos ya fueron trasladados por las autoridades ecuatorianas a la frontera y entregados a la jurisdicción colombiana en ese paso limítrofe
Sin embargo, el proceso sufrió retrasos debido a problemas en los protocolos de ingreso y verificación de antecedentes en Colombia, por lo que las autoridades continúan el proceso con el resto de ciudadanos que llegaron.
“Nosotros nos comunicamos con el delegado del ministerio del Interior de Ecuador, ellos aducen que bajó unas resoluciones y una documentación que ellos han previsto, la gente viene en buenas condiciones, fue lo primero que preguntamos para poder pasar, (...) cuando hay un procedimiento, una deportación debería cumplirse los protocolos a través de migración Colombia”, advirtió Pantoja, exponiendo que no se están cumpliendo con los protocolos para un caso como este.
Las personas son identificadas, censadas y si no cuentan con registro de delitos en Colombia, quedan libres en el territorio; de lo contrario, son capturados, para que respondan por los procesos judiciales que tengan vigentes en la nación.
Sin embargo, muchos de los deportados que están en la zona fronteriza no contaban con documentos de identidad, lo que complicó los trámites de la llegada.