El ex ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa, se pronunció a favor de la medida que tomó el Gobierno de intervenir las Corporaciones Autónomas Regionales, Car. Sin embargo, indicó que se debe tener claridad por qué y para qué se hace la intervención.

El ex ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa, se pronunció a favor de la medida que tomó el Gobierno de intervenir las Corporaciones Autónomas Regionales, Car. Sin embargo, indicó que se debe tener claridad por qué y para qué se hace la intervención.“Si la intervención se hace pensando en que con esto se va a resolver el riesgo que tiene el país en materia de inundaciones y deslizamientos de tierra, finalmente no se logrará el objetivo. Eso no nos va a garantizar que no volveremos a tener un invierno tan desastroso como este”.Costa manifestó que debe haber un cambio en la política en todos los sectores frente a la vulnerabilidad del país ante los fenómenos climáticos, una responsabilidad que también recae en el sector agropecuario y urbano que han transformado la cobertura vegetal del país.Según el ex ministro también se debe revisar la gestión de las hidroeléctricas en la administración de los embalses, que no solo deben servir como generadores de energía, sino como barreras para contener inundaciones.De igual forma, resaltó la responsabilidad que tienen las entidades territoriales en la ejecución de los planes de ordenamiento territorial, para reubicar a personas que están en zonas de alto riesgo y evitar que se vuelvan a ubicar en estos lugares. Para Costa es vital crear políticas para reducir el riesgo y vulnerabilidad del país ante este tipo de eventos naturales, desde entidades como la Dirección Nacional del Gestión del Riesgo, que se ha enfocado en el tema de atención de desastres, pero en el cual hace falta trabajar en materia de prevención.El ex ministro también habló sobre la importancia de revisar la desconexión que existe entre las políticas que dicta el Ministerio de Ambiente y algunas Car, que pese a ser autónomas en materia financiera hacen parte del engranaje del sistema ambiental.“La relación entre las corporaciones y el Ministerio es muy débil. El Ministerio dicta políticas, pero no tiene suficiente injerencia en la toma de decisiones de las corporaciones, porque solo es un miembro más de las juntas de las corporaciones que en su mayoría tienen más de 10 miembros”.Sin embargo, resaltó que este las corporaciones no se deben eliminar porque de hacerlo se reduciría todo el sistema ambiental. “Esas entidades son las ejecutoras de las políticas, si las eliminamos o manipulamos habría que hacer una revisión integral del sistema y no solo de las corporaciones” . Afirmó.El ex ministro se mostró de acuerdo con la medida que tomará el gobierno de fusionar a la Corporación del Atlántico y a Cardique, así mismo a Corpomojana, la Corporación del sur de Bolívar y Carsucre.Según Costa la decisión podría ayudar a darle solvencia y mayor eficiencia a algunas Car como Corpomojana, que cuentan con pocos recursos para inversión, porque cubren una población pequeña, y el monto que perciben por cuenta del impuesto predial y de las transferencias que reciben de algunas hidroeléctricas, lo gastan en la operatividad de la misma entidad.Las CAR acatan intervención del Gobierno NacionalEl director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, Ramón Leal, sostuvo que las CAR apoyarán los procesos que adelante el gobierno nacional a fin de tecnificar las corporaciones.Según Leal aunque las CAR acatarán las decisiones ordenadas por el gobierno, consideran que la solución para evitar una tragedia es de fondo.“El problema de fondo en el país, pues es el modelo de desarrollo, temas de ocupación de territorio, temas de ordenamiento territorial, donde el papel que le da la ley a las Corporaciones es muy débil”, agregó Leal.Gobierno Nacional decretó intervención de las Corporaciones Autónomas RegionalesEl Gobierno Nacional anunció anoche la intervención de las 33 corporaciones autónomas regionales que existen en el país, incluida la CVC, dentro de un revolcón general de esas entidades, bajo el amparo de la emergencia económica, social y ecológica decretada a causa de la temporada invernal que azotó a Colombia.La decisión se tomó en un Consejo de Ministros en el que se expidieron seis decretos que permitirán la fusión de cinco de esas corporaciones, se destinarán más recursos para atender la emergencia invernal y se establece un nuevo tipo penal para los servidores públicos que malversen recursos destinados para atender la situación.Al hablar de la intervención de las corporaciones, que no serán liquidadas, el vicepresidente Angelino Garzón cuestionó la falta de transparencia con que han procedido muchas de ellas.“El Consejo de Ministros ha analizado la necesidad urgente de que las corporaciones regionales jueguen un papel más activo y decidido en la atención de la emergencia invernal”, dijo Garzón.La fusión de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del Atlántico y el Canal del Dique es una de las medidas tomadas. Igualmente, se fusionarán las corporaciones autónomas regionales de Corpomojana, la de Sucre y la del sur del Atlántico.La norma de la intervención establece que el Presidente de la República postulará a todos los directores de estas entidades y que en caso de que los consejos directivos no acojan los nombres, designará un encargado.Los decretosUn primer decreto establece que en complementariedad al seguro para el agro, el Fondo de Adaptación pueda contratar el diseño de nuevos sistemas de aseguramiento en el futuro de forma que se puedan generar coberturas para apoyar el campo. También le permite al Gobierno, en términos de infraestructura, intervenir obras que no estén correctamente ejecutadas y que tengan que ver con la emergencia decretada. Incluye la posibilidad de negociar la modificación algunos contratos afectados por el invierno.El segundo decreto es de adición presupuestal. Le permite al Gobierno hacer una adición presupuestal de $5,7 billones. Con esa suma, el total destinado para atender la emergencia, hasta ahora, es de $6,7 billones.El tercer decreto autoriza a las autoridades territoriales y a las CAR para expropiar ágilmente las zonas de las franjas de los ríos ocupadas de manera indebida y que se requieren para que allí se amortigüen las crecientes de las aguas.