Debido a su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, la Interpol emitió circular roja en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, del gobierno de Gustavo Petro.
La noticia se da algunos días después de la ratificación de la orden de captura en Colombia en contra de este exfuncionario, por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Actualmente, Ramón González se encuentra prófugo de la justicia por fuera del país.
La circular roja fue expedida desde la sede central de la Interpol en Lyon, Francia, y comunicada a la Fiscalía General de la Nación.
La solicitud había sido elevada desde el pasado 4 de julio y reiterada en varias ocasiones, incluso por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, antes de que Nicaragua le otorgara asilo político al exfuncionario.
Con esta notificación, González puede ser detenido en cualquiera de los 190 países miembros de Interpol. Sin embargo, su condición de residente en Nicaragua y la protección que le concedió el régimen de Daniel Ortega dificultan la ejecución de la medida.
El exdirector del Dapre enfrenta señalamientos por haber ordenado el pago de 4000 millones de pesos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, con el fin de garantizar el apoyo a las reformas del Gobierno.
La Fiscalía le imputó cargos por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, los cuales no aceptó.
Su nombre aparece también en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la Ungrd hoy recluidos, quienes lo vinculan directamente con la millonaria contratación irregular de carrotanques en La Guajira.
Según la investigación, esa operación habría servido para canalizar sobornos a congresistas bajo la fachada de un proyecto humanitario para atender la crisis de agua en la región.
La controversia en torno a González se agudizó cuando se conoció que obtuvo la residencia en Nicaragua en mayo de 2025, gracias a la intermediación de Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Managua.
Posteriormente, en agosto, el régimen de Ortega le concedió asilo político, blindándolo frente a los requerimientos judiciales de Colombia.
Estos hechos motivaron a la Procuraduría a abrir una investigación sobre la actuación de funcionarios de la Cancillería en el trámite de su residencia en el país centroamericano.
González no es el único exfuncionario con circular roja vigente. El 25 de agosto, la Interpol también notificó la búsqueda internacional de César Manrique, exdirector del Departamento de Función Pública, imputado por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.