La tensión histórica por la tenencia de la tierra en el departamento del Cauca ha detonado un nuevo y violento capítulo que enfrenta a dos de las comunidades más representativas de la región.

Los pueblos Misak y Nasa protagonizan una confrontación directa en el municipio de Silvia, motivada por el control de aproximadamente 800 hectáreas de terreno. La gravedad de la situación ha escalado a tal punto que se reportan cifras preocupantes de heridos y fallecidos en medio de los choques.

Los pueblos Misak y Nasa protagonizan una confrontación directa en el municipio de Silvia. | Foto: Francisco Calderón

Ante este panorama, la senadora Aida Quilcué, quien además es la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, lanzó un llamado desesperado al Ejecutivo para frenar la violencia.

La líder indígena, de origen nasa, insistió en que la presencia del Estado no puede limitarse únicamente al control militar, sino que requiere una capacidad de mediación institucional que resuelva el conflicto de fondo que ambas comunidades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) mantienen desde hace años.

Quilcué solicitó formalmente la creación de una comisión de alto nivel que se traslade de inmediato a la zona de conflicto. Según la senadora, es imperativo que en este grupo participen el ministro del Interior, la ministra de Agricultura y representantes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El objetivo primordial de esta delegación sería formalizar la propiedad rural y ofrecer soluciones técnicas a la disputa territorial que hoy divide a los resguardos.

La solicitud de intervención no se limita a las carteras de gobierno. La exsenadora también pidió el acompañamiento de la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales de derechos humanos. Para la dirigente, la presencia de estas entidades es vital para garantizar la transparencia en los diálogos y proteger la vida de los comuneros que se encuentran en el epicentro de las hostilidades en el área rural de Silvia.

Aida Quilcué exige intervención urgente ante crisis humanitaria. | Foto: Captura de pantalla

Por su parte, el Gobierno nacional ha comenzado a articular una respuesta bajo la dirección del presidente Gustavo Petro. El mandatario convocó a las máximas autoridades de ambos pueblos para el próximo lunes, con el fin de establecer una mesa de diálogo que funcione bajo el esquema de “gobierno a gobierno”. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, esta instancia busca desescalar la violencia y encontrar salidas concertadas a la crisis humanitaria.

En el ámbito de la seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó el despliegue de tropas del Ejército y unidades de la Policía Nacional para restablecer el orden público. El jefe de la cartera hizo un llamado a la sensatez y pidió a las comunidades aplicar su “sabiduría ancestral” para resolver las diferencias de manera pacífica, evitando que el conflicto siga cobrando vidas en el oriente caucano.

El saldo de la confrontación ha sido trágico. Se confirmó la muerte de Luis Enrique Tunubalá, una reconocida autoridad del pueblo Misak, hecho que reactivó con fuerza las disputas que habían permanecido latentes. Mientras algunas fuentes mencionan un saldo de hasta seis muertos y un centenar de heridos, las autoridades oficiales mantienen la verificación constante para establecer la magnitud real de los daños personales y materiales en el territorio.

Un factor adicional de riesgo en la región es la presencia de grupos armados ilegales. El ministro Sánchez advirtió que disidencias de las Farc, bajo el mando de alias “David o mi Pez” (recientemente capturado), han aprovechado la inestabilidad para realizar reclutamientos masivos. Esta situación complica la labor humanitaria y añade una capa de violencia externa que victimiza aún más a las comunidades indígenas en disputa.