El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 generó una fuerte reacción en distintos sectores del sistema de salud.
Gremios, asociaciones de pacientes y representantes de hospitales coincidieron en que el ajuste definido no responde a las necesidades reales del sector y podría profundizar la crisis en la atención a los usuarios.
Desde las organizaciones de pacientes, el rechazo fue contundente. Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 asociaciones en todo el país, calificó el aumento del 9,03 % en la UPC como un “atentado contra la vida”, al considerar que el porcentaje aprobado es insuficiente para garantizar tratamientos, medicamentos y servicios oportunos.
La organización advirtió que, de acuerdo con sus análisis, el ajuste mínimo debía ubicarse en al menos 15 % tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado. En su concepto, la cifra anunciada por el Ejecutivo no solo no cierra la brecha financiera, sino que empuja al sistema a un escenario de mayor fragilidad.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, señaló que este desajuste trasciende lo técnico y se traduce en consecuencias directas para los usuarios. Según explicó, la insuficiencia de recursos impacta la continuidad de los tratamientos, provoca el cierre de servicios y deja a miles de pacientes en una situación de riesgo.
Las críticas también llegaron desde el sector asegurador. La presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, sostuvo que el incremento del 9 % para el régimen contributivo está lejos de cubrir los costos reales, especialmente porque en este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud.
De acuerdo con los estudios técnicos citados por ACEMI, el aumento requerido para 2026 debía estar cercano al 17 %, por lo que el ajuste aprobado representaría, en términos reales, un incremento efectivo de apenas entre 4 % y 5 %, una vez descontada la inflación proyectada para 2025.
Vesga añadió otro elemento de preocupación al debate, el incremento del salario mínimo decretado para el próximo año. Según explicó, más del 40 % del gasto en salud corresponde a nóminas, por lo que un aumento salarial del 23 % tendrá un impacto directo y significativo en los costos operativos del sistema, sin que la UPC refleje ese cambio.
A estas voces se sumó la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). Su director, Juan Carlos Giraldo, alertó sobre el desfase entre el ajuste de la UPC y el aumento del salario mínimo, una situación que, a su juicio, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores de servicios de salud.
Desde el gremio hospitalario insistieron en que esperaban un incremento más cercano al comportamiento del salario mínimo y reiteraron la necesidad de reconsiderar la cifra del 9 % para el régimen contributivo, con el fin de evitar mayores presiones financieras sobre clínicas y hospitales.