El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Fuerza Pública poner en marcha una operación contra las redes dedicadas al robo de hidrocarburos, luego de advertir sobre las millonarias pérdidas que esta actividad estaría generando para Ecopetrol y el Estado.

Según el mandatario, cada mes serían sustraídos alrededor de 123.700 barriles de combustibles refinados, entre ellos gasolina, diésel y nafta, correspondientes a productos elaborados o importados por Ecopetrol. De mantenerse esta tendencia, el volumen ilegalmente extraído podría superar los 1,5 millones de barriles anuales, con un impacto económico estimado en más de 500.000 millones de pesos.

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.

La situación tendría especial incidencia en los departamentos de Cesar y Magdalena. De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, una de las principales modalidades estaría relacionada con la intervención clandestina de un poliducto de 14 pulgadas que comunica la zona de Pozos Colorados, en Santa Marta, con otras regiones del interior del país.

Abelardo de la Espriella calificó el panorama como “absolutamente alarmante” y pidió una respuesta inmediata de las instituciones. Para enfrentar el problema, instruyó al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía a trabajar conjuntamente con Ecopetrol, la Fiscalía y demás entidades competentes.

La estrategia, explicó, no estará enfocada únicamente en las personas que realizan las perforaciones de los ductos. El objetivo será identificar y desarticular toda la estructura criminal involucrada, desde quienes financian las operaciones hasta quienes almacenan, movilizan, custodian, compran y comercializan el combustible sustraído.

El robo de hidrocarburos estaría concentrado principalmente en zonas de Cesar y Magdalena. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

El Gobierno también pretende establecer qué parte de estos recursos termina en manos de organizaciones vinculadas al narcotráfico. Para ello, se contemplan labores de inteligencia, control territorial, operativos permanentes, judicialización de los responsables y procesos de extinción de dominio sobre vehículos, terrenos, depósitos y otros bienes utilizados por las redes ilegales.

Uno de los principales focos de preocupación es el posible uso de los combustibles robados en la producción de cocaína. De la Espriella señaló que algunas organizaciones utilizarían grandes caravanas de vehículos para transportar y proteger el hidrocarburo, incluso con posibles rutas hacia el Catatumbo.

La ofensiva también abarcará otras zonas afectadas por el hurto de crudo, entre ellas sectores relacionados con el Oleoducto Trasandino y el sistema Caño Limón-Coveñas. El mandatario insistió en que cada barril sustraído representa un daño directo al patrimonio público y advirtió sobre la necesidad de cortar los vínculos entre el robo de combustibles, el narcotráfico y las organizaciones armadas.