Tribunal confirma condena de casi 10 años de cárcel a contratista por desfalco de la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en contra del exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, Francisco Javier Estupiñán Bravo, por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, así como interés indebido en la celebración de contratos.

Estupiñán Bravo deberá cumplir una condena de 9 años, 11 meses y 27 días de prisión.

Cabe mencionar que en marzo de 2026 se le había impuesto inicialmente una condena de más de 16 años de cárcel. El reajuste a 9 años y 11 meses responde a su compromiso de delación, devolución de recursos y reparación.

La decisión judicial se dio tras validar su allanamiento a cargos y un principio de oportunidad firmado con la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, adelantada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el hoy sentenciado intervino en el direccionamiento y la adjudicación irregular de una orden de proveeduría en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en favor de Yapurutú, la cual ascendió a 29.000 millones de pesos y tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques en La Guajira.

Asimismo, Estupiñán Bravo anexó una certificación que garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los vehículos, información que no correspondía a la realidad.

La Fiscalía aseguró que, con base en ese documento, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, el procesado, junto con otros intervinientes, tramitó desembolsos por 25.375 millones de pesos, pese a que los carrotanques permanecían en etapa de ensamblaje.

Además, durante el proceso contractual se presentaron sobrecostos por 11.114 millones de pesos.

De este monto, el procesado y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones de pesos y favorecieron a terceros para que se quedaran con 6.784 millones de pesos adicionales.

Finalmente, el ente de control, un juez de control de garantías de Bogotá, avaló el principio de oportunidad celebrado entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía, en el que el procesado se comprometió a aportar información de otros intervinientes en los hechos de corrupción que se le atribuyen, reparar económicamente los perjuicios causados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas.

Francisco Javier Estupiñán Bravo deberá pagar una multa de 5.000 millones de pesos por los dineros públicos apropiados y una sanción adicional equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.