El Gobierno, los empresarios y las organizaciones de trabajadores acordaron instalar una mesa técnica y jurídica para analizar disposiciones laborales que generan inquietudes entre los distintos sectores, tras sostener la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
El Ministerio de Trabajo convocó el espacio bajo la premisa de “escuchar antes de decidir” y anunció que recogerá las posiciones, preocupaciones y propuestas de los participantes antes de adoptar decisiones sobre las normas en revisión.
“El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López.
Durante la sesión, los participantes analizaron asuntos relacionados con periodistas y comunicadores sociales, inspección laboral, plataformas digitales, trabajo doméstico remunerado, acoso, violencia y discriminación.
La agenda también incluyó la negociación y los pactos colectivos, la tercerización y la intermediación laboral.
En la reunión participaron representantes de la ANDI, Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional. También asistieron delegados de las centrales sindicales CGT, CTC y CUT, y de las confederaciones de pensionados CPC y CDP.
Los sectores podrán presentar comentarios y observaciones hasta el 9 de octubre. La mesa técnica y jurídica analizará esos aportes y la Comisión volverá a reunirse el 13 de octubre.
El Ministerio propuso además establecer una agenda permanente para que la Comisión amplíe su trabajo más allá de la discusión anual del salario mínimo y se consolide como un espacio de concertación sobre los principales asuntos laborales y sociales del país.
Cabe recordar que, para 2026, el salario mínimo quedó en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte fue fijado en $249.095. De esta manera, quienes reciben este beneficio alcanzaron un ingreso mensual de $2 millones. El aumento frente al salario de 2025 fue de 23,7 %, una cifra que generó fuertes cuestionamientos entre sectores empresariales.
De cara a 2027, el presidente Abelardo de la Espriella ha señalado que el incremento debe permitir que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo, pero sin alejarse demasiado de la inflación. Su postura también advierte sobre el impacto que un aumento elevado podría generar en los costos de las empresas y en la contratación formal.
Por ahora, existen diferentes escenarios para calcular el posible salario de 2027. Si el aumento fuera de 5 %, el salario básico pasaría de $1.750.905 a cerca de $1.838.000. Con un incremento del 6 %, llegaría aproximadamente a $1.855.959. En ambos casos, los cálculos se realizan sin incluir el auxilio de transporte.
También se ha mencionado un posible incremento del 7 %, aunque esta cifra no constituye una propuesta oficial ni un acuerdo entre las partes.
*Con información de Colprensa