El Gobierno Nacional anunció una revisión de las cámaras de fotodetección instaladas en diferentes carreteras y ciudades del país, con el objetivo de establecer si su ubicación y cantidad obedecen a criterios reales de seguridad vial.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, en entrevista con El Tiempo, explicó que aquellos dispositivos que no cuenten con una sustentación técnica que demuestre su utilidad para prevenir accidentes y proteger la vida de los usuarios de las vías podrían ser retirados.
La funcionaria aclaró que la medida no contempla retirar cámaras de manera generalizada. La intención, según explicó, es analizar cada caso y evitar que permanezcan instalados equipos que no tengan una función clara en la reducción de los siniestros viales.
Revisarán concentración de cámaras
Uno de los aspectos que será evaluado es la distancia entre los dispositivos y su concentración en determinados corredores. La meta es que cada tramo vial cuente únicamente con las cámaras que sean necesarias para mejorar la seguridad y prevenir accidentes.
Además, las futuras autorizaciones para instalar nuevos equipos tendrán condiciones más estrictas y deberán demostrar que cumplen una finalidad relacionada directamente con la protección de la vida.
La ministra cuestionó que el aumento en el número de cámaras no se haya traducido necesariamente en una reducción de las muertes en carretera. Entre 2021 y 2025, las víctimas mortales de siniestros viales pasaron de aproximadamente 7.300 a 8.700, un incremento cercano al 20 %. Durante ese mismo periodo fueron autorizadas 670 nuevas cámaras.
Para el Gobierno, estas cifras muestran que la fotodetección debe ser solo una herramienta dentro de una estrategia más amplia que incluya infraestructura, señalización, educación vial y controles. El objetivo, insistió Noguera, debe medirse por las vidas que se logren salvar y no por la cantidad de dispositivos instalados.
Continuarán investigaciones por comparendos
La ministra también confirmó que seguirán las investigaciones relacionadas con los cerca de 7,5 millones de comparendos y señaló que la Superintendencia de Transporte deberá adelantar estos procesos con independencia y respetando el debido proceso.
En ese sentido, sostuvo que las autoridades tienen la misma obligación de cumplir las normas que exigen a los ciudadanos.
Otro de los puntos bajo revisión será el sistema de cursos y descuentos para los conductores sancionados. El Gobierno busca determinar si estas herramientas realmente generan cambios en el comportamiento de los infractores o si, por el contrario, se han convertido principalmente en mecanismos para reducir el valor de las multas.
Para ello se analizarán factores como la efectividad de los cursos, los niveles de reincidencia y los mecanismos existentes para evitar posibles fraudes.