Por: Dido Polo Monterrosa / Colprensa
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró en entrevista con Colprensa que su deber en el Gobierno es advertir al presidente, Gustavo Petro, sobre los riesgos de sus propuestas y proteger el diálogo armónico con las Altas Cortes.
En esa línea, descartó tajantemente que el Ejecutivo haya incurrido en un desacato al Consejo de Estado por el decreto del salario mínimo.
Frente a la crisis de seguridad, el jefe de la cartera advirtió que el modelo de encarcelamiento masivo está agotado y anunció protección para directores del INPEC.
En el ámbito internacional, confirmó que una veeduría extranjera definirá la extradición de Zulma Guzmán y ratificó la extradición como el mecanismo principal de cooperación antidrogas con Estados Unidos.
Su gran apuesta es destrabar la jurisdicción agraria en el Congreso para cumplirle a las víctimas y consolidar la justicia restaurativa en las regiones.
Finalmente, confirmó que la aspersión con drones sigue en fase exploratoria y propuso llevar modelos de resolución de conflictos directamente a los colegios para frenar el acoso escolar.
Ministro, su perfil es académico. ¿Cómo traducirá esa teoría en soluciones prácticas para el sistema judicial y penitenciario?
El reto es que la academia quizás es un poco el espacio para la reflexión, para la lectura, para el debate, para la discusión, pero en la academia tenemos un déficit que yo llamo de implementación.
O sea, nosotros no sabemos cómo se hace; finalmente no podemos ver muchas veces la implementación de los temas. Bueno, ya me pasé al otro lado, y aquí hay que hacer cosas. Y el “hacer cosas” me permite que, habiendo sido académico, yo ya sé que hay que tener buena planeación, hay que tener unos buenos diagnósticos, hay que tener buena evidencia, buenos datos, mirar escenarios, ver lo que es posible. Aquí uno se tiene que volver un poco pragmático.
Es decir, quizás no voy a resolver los problemas, pero, identifiquemos aquellas aspectos más problemáticos y empecemos por ahí. Y si se hace bien, eso es un aprendizaje para ya abrirse a otros escenarios.
Entonces creo que hay que combinar un poco esa formación que uno tiene en la academia (…) con las realidades institucionales que a veces son complejas a la hora de implementar proyectos.
Afirmó alguna vez que le diría “no” al presidente Petro si fuera necesario alertarlo. ¿Ya ha tenido que hacerlo?
El presidente tiene muchísimos temas en la cabeza, él tiene ideas que a veces considera que pueden ser buenas, y el deber de quienes lo apoyamos en el equipo de gobierno (en el caso mío, en el sector de justicia) es decirle: “Presidente, esa idea es buena y vamos a hacer todo lo que sea necesario”.
Pero puede que esa idea no lo sea tan buena, que tenga muchos riesgos (jurídicos, políticos o de distinta índole). Y entonces, claro, hemos conversado algunas veces y le he hecho ver los riesgos de tal o cual decisión.
Él escucha con atención y creo que hemos encontrado un punto de encuentro. La palabra “no” suena muy fuerte; es más que todo hacerle ver los riesgos de las decisiones (…) desde su condición de jefe de Estado.
Las Altas Cortes han pedido respeto institucional tras los recientes choques con el Gobierno. ¿Cómo manejará esta tensión?
Afortunadamente, como Ministro de Justicia, yo tengo buenas relaciones con las cabezas de las Altas Cortes. Quizás por mi condición de académico, uno los ha conocido en debates, en eventos; somos colegas de alguna manera.
Me voy a reunir con la Comisión Interinstitucional de Justicia, pero me voy a reunir por aparte también con la Fiscal, con la presidenta de la Corte Constitucional, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Mi punto es que las relaciones institucionales y el principio de colaboración armónica tiene que prevalecer.
Es decir, más allá de las discrepancias y las discusiones que tengan entre las cabezas de las ramas del poder público, yo creo que tenemos que aterrizar esas discrepancias y esas dificultades en buenas relaciones institucionales y armónicas. Y cuando salgan decisiones adversas al gobierno o a integrantes del gobierno, pues están los recursos de ley para eso.
Eso yo se lo planteé al Presidente y le dije: “Mire, mientras yo sea Ministro de Justicia, no voy a contribuir con el deterioro del diálogo institucional entre gobierno y rama judicial y altas cortes”. Y mientras yo esté aquí, ese va a ser mi norte.
Menciona que se reunirá con los magistrados. ¿Cuál será la agenda concreta de esos encuentros?
Abrir el diálogo institucional, llevarles un mensaje de respeto por la autonomía y la independencia, y como con cada uno llevo (voy a usar una expresión coloquial) una lista de mercado.
Entonces, por ejemplo, con la Fiscal vamos, llevamos unos casos prioritarios para decirle que nosotros tenemos interés en que estos temas avancen.
Por ejemplo, con la Sala Penal de la Corte Suprema es necesario hablar el tema de que ellos tienen reservas sobre el marco jurídico para la paz, entonces hay que hablar con ellos. Con el Consejo Superior de la Judicatura tenemos mucho que hablar porque resulta que en realidad la provisión del servicio de justicia le corresponde es a la rama judicial.
El presidente Petro expidió un nuevo decreto manteniendo el aumento del salario mínimo en 23%. ¿Incurrió en desacato al Consejo de Estado?
No, porque es que el Consejo de Estado no le dio la orden ni de subir ni de bajar ni de repetir la fórmula. Lo que le dijo el auto del Consejo de Estado del magistrado Morales es: “Justifique mejor los factores de ponderación técnicos (inflación esperada, inflación del año pasado, productividad y otra serie de factores) y explíqueme cómo fue que llegó a ese 23%”. Pero nunca le dijo “no puede pasarse del 23%”, de hecho el gobierno hubiera podido subir o bajar.
El Consejo de Estado nunca estuvo contra el salario mínimo vital; lo que le dijo al salario fue “justifíqueme mejor cómo fue la ponderación de los distintos factores”.
Lo que sí es nuevo en el decreto, que es bien importante con base en la sentencia de la Corte Constitucional, es el carácter prevalente de la especial protección constitucional del trabajador y el salario mínimo vital y móvil, que eso no estaba en el primer decreto.
Y sí está en el segundo y casi que es el cumplimiento de la orden del Consejo de Estado en la medida en que se sustenta en una sentencia de la Corte Constitucional que habla de eso. Entonces no se puede entender nunca como un desacato.
Cambiando de frente, la ONU advierte trabas en el Congreso para aprobar la jurisdicción agraria. ¿Cómo destrabar este proyecto?
Ahí tenemos un reto importante en materia de agenda legislativa. Ya tenemos identificado cuáles son como esos cuellos de botella, los artículos en los que hay que hacer una muy buena gestión con las bancadas que tienen sus reservas, incluso con algunos gremios, especialmente con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
Y tengo pues reunión con el doctor Jorge Enrique Bedoya Vizcaya (presidente de la SAC) para mirar cuáles son las inquietudes que ellos tienen sobre el tema de clarificación de propiedad. No nos podemos quedar sin jurisdicción agraria y para mí es una prioridad en esta parte que falta de Congreso.
De no aprobarse, ¿se le estaría fallando a las víctimas del conflicto?
No olviden que ese es un compromiso que surge en el marco del acuerdo de paz. Siempre se ha dicho que el centro del acuerdo de paz son las víctimas.
De tal suerte que si no se aprobara la jurisdicción agraria, pues podría interpretarse como que en ese aspecto no se le cumplió a las víctimas. Pero el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo para que esa jurisdicción se apruebe.
El Gobierno plantea una nueva política de drogas. En este escenario, ¿la extradición seguirá siendo el principal mecanismo de cooperación internacional?
El enfoque punitivista ha sido muy ineficaz en términos de la reducción de los mercados ilícitos de drogas; de hecho, estos han crecido, se han especializado, entonces ahora ya no es solo cocaína sino que tenemos fentanilo y tenemos drogas sintéticas (o sea, se ha vuelto de una complejidad, ya no solo el destino de Estados Unidos sino Europa, Asia).
Hay unas cosas muy complejas. Entonces yo creo que hay suficiente evidencia de que ese enfoque punitivista de castigar está mostrando señales de desgaste, ¿cierto? Por lo tanto, hay que cambiar el enfoque.
El enfoque tiene que ser, que es el que está recogido en la política de drogas aprobado por este gobierno en el primer, con el primer ministro de Justicia, Néstor Osuna, que es un enfoque más orientado a la prevención, más orientado a la no estigmatización en el consumo, al control de daños, a ver el tema del consumo como un problema de salud pública, de prevención, de no estigmatización. Cambiar completamente el paradigma de un día para otro es muy difícil.
Y dentro de ese enfoque predominante, la extradición, especialmente con el gobierno de Estados Unidos sigue siendo una herramienta fundamental.
Pero no solo esa, también está la interdicción, también está una serie de incautaciones, otra serie de cosas, pero por supuesto que la extradición sigue siendo una herramienta muy importante de cooperación binacional entre Estados Unidos y Colombia, donde va el 65% más o menos de las personas extraditadas, y la gran mayoría, si no todas, es por delitos de narcotráfico, y con este gobierno eso no ha cambiado.
Reino Unido evalúa las condiciones carcelarias en Colombia por el caso de extradición de Zulma Guzmán. ¿Podrían caerse esta y otras extradiciones europeas por falta de garantías en las prisiones?
¿Qué es lo que pasa? Que en el Reino Unido, Colombia tiene un tratado de extradición desde el siglo XIX. Quien finalmente decide si la persona es extraditada o no es el sistema judicial; el gobierno es como un implementador de eso. Y el sistema judicial británico pues es muy garantista.
Entonces dice: “Bueno, si yo le voy a entregar a otro país a una persona que está pedida en extradición, yo tengo que verificar que va a tener debido proceso, que va a tener garantías, y que como ella ha alegado (y sus abogados) una situación de salud mental, que si es enviada, pues en las cárceles colombianas haya las condiciones necesarias para esa atención”.
Entonces, ya hubo una reunión esta semana entre la Fiscalía y el INPEC para mirar cuál sería ese centro de reclusión, que sería en principio El Buen Pastor, en el pabellón de exfuncionarias públicas, donde hay condiciones adecuadas, por ejemplo, para atención de salud mental.
Y vendría también una veeduría internacional a revisar eso y son ellos los que le conceptuarán al sistema judicial británico si están dadas las condiciones o no. Entonces, dependerá de eso.
Ante las amenazas y atentados recientes, ¿qué medidas tomarán para proteger a los guardianes y directores del INPEC frente a la crisis de seguridad carcelaria?
Justamente esta semana estuve en la cárcel La Modelo entregando unos cuatro carros blindados (ya viene el quinto) para los traslados de las personas privadas de la libertad. Ahí hay un riesgo complejo; ellos tienen que moverse, por ejemplo, a remisiones judiciales, audiencias judiciales.
Yo creo que ahí hay que mejorar, por ejemplo, todo el tema virtual. Que todas las audiencias de las personas privadas de la libertad se puedan hacer virtualmente; con eso, por ejemplo, se reduciría el riesgo de esas remisiones.
Pero hay otras remisiones complejas que son en salud. Ese día también entregamos un equipo de protección para los que hacen los traslados.
Mi idea, si nos es posible (porque estamos en una época difícil de recursos), es que, por ejemplo, los directores de las principales cárceles, especialmente aquellas donde hay pabellones de alta seguridad (que creo que son como 10 o 12), esos directores de cárceles deberían tener carros blindados y un esquema de protección para que no nos vuelva a pasar lo que pasó con el director de La Modelo.
A la par, hay que hacernos cargo del hacinamiento carcelario. Y ahí hay sentencias de la Corte Constitucional de que ese es un problema porque siempre pensamos en el tema de la seguridad, y se nos olvida el tema del bienestar de las personas privadas de la libertad: que estén en condiciones dignas, que tengan acceso a agua potable, que tengan acceso a alimentación, acceso a salud.
Frente a la crisis de hacinamiento carcelario, ¿hacia dónde debe apuntar la política criminal del país?
Eso significa que hay que enfrentar el tema del hacinamiento, pero eso lo tenemos que articular con la política criminal en el sentido de que no hay que meter a la cárcel a todo el mundo.
La prisión debería ser excepcional, tal vez para los delitos de alto impacto, y ahí hay que empezar en alternativas de justicia restaurativa, que ya en el Ministerio se están avanzando.
Digamos, en lo que a mí concierne, el escenario de meter a todo el mundo a la cárcel, ese es un sistema que yo creo que ya está agotado.
¿Volverá la aspersión de cultivos ilícitos, ahora implementando drones?
El tema todavía de retomar la aspersión con glifosato está todavía en fase exploratoria. Esa decisión la toma el Consejo Nacional de Estupefacientes, que lo preside el Ministerio de Justicia.
Pero eso es una decisión que se tiene que hacer en los marcos que ha establecido la Corte Constitucional, el principio de precaución en los temas ambientales, en los temas de salud de las personas, en los temas de afectación a otros cultivos. O sea, eso no es tan fácil de la noche a la mañana.
Y el gobierno pues está como explorando esa posibilidad con unos requisitos específicos (allí donde no haya erradicación voluntaria, allí donde haya presencia de grupos armados de alto impacto, allí donde la comunidad un poco lo pida).
Son varios criterios, pero eso todavía está en fase exploratoria, no se ha avanzado.
Hablando de ese enfoque restaurativo, ¿qué acciones tomará para asegurar la presencia territorial del Ministerio en las regiones?
El Ministerio no tiene mucha presencia territorial directa. Nosotros tenemos muchas voces y aliados en el territorio. Las alcaldías por supuesto, las comisarías de familia (por lo tanto el Bienestar Familiar también), y los llamados sistemas locales de justicia (casas de justicia, centros de convivencia, conciliadores en equidad, todos estos que llaman justicia no formal).
Entonces el lunes vamos para Pasto a mirar un poco todo eso y unos ejemplos muy bonitos que hay de justicia restaurativa, de laboratorios de paz porque yo creo que ese es el camino.
Quisiéramos tener más recursos institucionales para tener más presencia en el territorio. Esa es una cosa que quisiera dejar planteada para el próximo ministro que venga a partir del 8 de agosto.
Pero cuando conocemos que hay estos procesos, vamos a las regiones, hacemos presencia, simbólicamente es importante la presencia del ministro, nos reunimos con actores, vamos a cárceles, vemos los procesos que se están dando en el territorio, y ese es un tema que a mí también me interesa potenciar en la medida de nuestras posibilidades: un ministerio en las regiones.
¿Cómo articularán esfuerzos con otras carteras, como el Ministerio de Educación, para llevar esa prevención y justicia restaurativa a los jóvenes?
Bueno, ¿cómo metemos en los currículos el componente de justicia restaurativa en las clases? Sí, en los colegios se dan muchos conflictos. Ahorita, por ejemplo, todo el tema del acoso escolar, el que llaman bullying. Sí, eso es terrible, las afectaciones psicológicas a los niños y a las niñas en los colegios son terribles, ha llevado a situaciones de suicidio.
Yo creo que en los colegios lo siguen resolviendo de la forma tradicional: viendo quién es el culpable y castigándolo, y lo echan del colegio, hasta donde yo entiendo. No, yo creo que hay que sentar a la comunidad, a los padres de familia, a los profesores, a los directivos, a los estudiantes.
Venga, hagamos espacios de diálogo, espacios de “usted le causó un daño, listo, cómo lo vamos a reparar”. Garantía de no repetición: diga cómo se compromete a que no le va a seguir haciendo bullying. Entonces uno qué dice: “Oiga, busquemos espacios de justicia restaurativa en las escuelas”.
Busquemos a Daniel Rojas (ministro de Educación) y conversamos; de golpe lo están haciendo y no sabemos. Pero entonces, si lo están haciendo, pues entonces lo lo que hacemos es que los apoyamos; y si no lo están haciendo, pues empezar a hacerlo.
Sobre el encuentro con las mujeres buscadoras y la entrega del decreto que las ampara, ¿qué significado tiene este avance?
Sí, ese es un escenario simbólico muy interesante, obviamente ya el decreto es una realidad, yo me lo encuentro afortunadamente, y entonces vamos a hacer presencia simbólica en distintos municipios a encontrar, a darle un reconocimiento a estas mujeres buscadoras de sus hijos y de sus familiares. Y presentarnos allá, decirles que tienen todo el apoyo.
Esa reivindicación creo que desde el punto de vista de su preocupación por cumplirle a las víctimas, eso hace parte también de las funciones de este ministerio y lo vamos a hacer en distintas regiones del país.
Ministro, el 7 de agosto de 2026, cuando entregue el cargo, ¿por qué única decisión, política o reforma le gustaría que el país lo recordara?
Yo quisiera ser recordado como un ministro que puso la justicia en el centro de la discusión. Porque aquí siempre hablamos de la seguridad, hablamos de la exclusión social, y eso está bien. Pero la justicia debe estar en el centro de la discusión.
Y dentro de la justicia, como en el centro de la discusión, pensar en que sobre todo el enfoque al que nos tenemos que mover rápidamente como sociedad es el enfoque de justicia restaurativa.
Eso de meter a todo el mundo a la cárcel no funciona; pero si en el contexto de un escenario de justicia restaurativa, restauramos los derechos de las víctimas, le damos una oportunidad a quienes cometen los delitos de reinsertarse a la sociedad, de desarrollar proyectos productivos, de que se mejore la convivencia.