Algunos exministros de Transporte y Hacienda firmaron una carta en la cual expresan su preocupación por el borrador del decreto que fue publicado hace unos días por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que tiene como objetivo redistribuir vigencias futuras para proyectos de infraestructura de transporte.
Estas se harían bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP). Los firmantes advierten que habría “graves consecuencias” para el desarrollo del sector de transporte.
“El objeto de decreto, que apunta a “redistribuir” vigencias futuras, pretende regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo. De cara a lo anterior, el proyecto de decreto genera serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad“, aseguran los exministros.
Simultáneamente, advierten que se desconoce instancias y procedimientos que son regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Asimismo, dicen que contradicen a los planteamientos del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.
“Su articulado contradice los planteamientos -recientemente esgrimidos- por la Contraloría General de la República, en cabeza del señor Contralor, Carlos Hernán Rodríguez, en un control de advertencia según el cual las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente”, explican.
Al tener en cuenta la advertencia del contralor Rodríguez, los exministros aseguran que los funcionarios del Ejecutivo que expidan el decreto estarían cometiendo faltas disciplinarias y fiscales.
“Preocupan, por lo demás, las demandas que desde ya se vislumbran por parte de los concesionarios, en caso de ser expedido el decreto. Ello, porque el Estado -de manera unilateral- estaría incumpliendo lo pactado en los contratos de concesión vigentes”, alertan.
Otro de los riesgos que traería la expedición del decreto es la credibilidad en el sistema de asociaciones público privadas que consideran fundamental al momento de desarrollar infraestructura social.
“La eventual redistribución de vigencias futuras -y aquí surge una inexplicable paradoja- dejaría en el limbo la única apuesta de este gobierno en materia de infraestructura carretera: la vía El Estanquillo-Popayán, en el suroccidente del país”.
Sobre el proyecto de dicha vía, señalan que el 97% de su financiación dependerá de vigencias futuras, razón por la cual en dicho corredor solamente habría un peaje.
“Bajo ese escenario, surgiría entonces un clima de incertidumbre y desconfianza que, evidentemente, dejaría al mercado sin garantías ni apetito para presentar ofertas dentro del proceso licitatorio. Ello apuntaría a su declaratoria desierta”,
Finalmente, agregan que sobre esta iniciativa no se tocarán sus vigencias, a pesar de que es un proyecto bandera del Gobierno Petro.
“De cara a lo aquí planteado, y por las incontrovertibles afectaciones que todo ello acarrearía para el sector de la infraestructura de transporte, solicitamos al gobierno abstenerse de expedir el referido decreto”, concluyeron.
Los firmantes de la misiva son los exministros de Transporte: Ángela María Orozco y Germán Cardona. Mientras que los de Hacienda son: José Antonio Ocampo, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo.