La defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien se encuentra vinculada a la investigación que realiza la Fiscalía por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habría enviado un oficio en el que le reclama a la Fiscalía por las más recientes audiencias en las que se espera verificar la ampliación de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra.
La revista Semana conoció que el documento, firmado por el abogado Mauricio Camacho Fernández, señala que, pese a que se trata de una audiencia de vital importancia, todavía no han sido notificados de la hora en la que será llevada a cabo. Esto, a su modo de ver, representa una vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa de su apoderada.
“De forma clandestina pretendían prolongar el sufrimiento de esta mujer manteniéndola otro año más privada de la libertad, comportamientos desleales que fundamentan nuestra posición de no manifestar nuestra voluntad en adelantar una audiencia inmediata y solo asistiremos, se insiste cuando seamos citados en debida forma por un juez de la República”, señala el escrito.
Esta situación ha motivado que la defensa de la señalada haya presentado el caso ante organismo internacionales, buscando que sean estos quienes emitan las acciones que garanticen su protección. Se señala, además, que se le ha negado una negociación con la Fiscalía para entregar información nueva sobre este caso.
“En este asunto se ha abusado de la posición dominante del ente instructor, se llevó a la procesada a un eventual proceso de acercamiento donde ella colaboró entregando una matriz de colaboración, respaldada con información que fue extraída de su equipo celular en asocio con los investigadores y fiscales del caso y cuando obtuvieron dicha información salieron a los medios a manifestar que el comportamiento de la doctora Ortiz era ‘deleznable’ y aun así, y pese a los diferentes requerimientos para que se devolviera esa sensible información aportada por la doctora Sandra Ortiz, su despacho se ha negado a devolverla”, advierte la defensa.
La carta también sugiere un aparente sesgo por parte de la Fiscalía, puesto que insiste en que Ortiz siga privada de la libertad, mientras que en el caso de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se han solicitado detenciones domiciliarias.
“En esta misma actuación, la Fiscalía, a los máximos funcionarios del Gobierno (exministros de Estado), los trata como ciudadanos de primera al reclamarles medidas de detención domiciliarias, al permitirles que adelanten su imputación de forma virtual y a la Dra. Sandra Ortiz que está en el último eslabón de la supuesta organización criminal la tratan como una ciudadana de segunda”, alegó el abogado defensor.