La Defensoría del Pueblo confirmó este lunes el despliegue inmediato de una misión humanitaria conjunta con la Gobernación del Chocó para facilitar el retorno seguro de los 18 integrantes del Ejército que permanecen retenidos por comunidades del resguardo indígena La Puria, en zona rural de Carmen del Atrato.
La retención paralizó una operación ofensiva contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una región convulsionada por la violencia reciente y las contradicciones de los actores armados.
El organismo humanitario, tras recibir la notificación oficial por parte de las autoridades departamentales sobre la inmovilización de la tropa, activó los protocolos de emergencia a petición directa de la población civil.
Según detalló la entidad, se adelantaron las “coordinaciones interinstitucionales” necesarias para garantizar que el regreso de los uniformados al seno de sus familias y a su unidad militar se produzca en las próximas horas sin contratiempos de seguridad.
La situación se originó cuando una turba de aproximadamente 200 personas cercó a los soldados adscritos a la Décimoquinta Brigada del Ejército y, mediante vías de hecho, los trasladó forzosamente hacia el interior del resguardo, bloqueando el avance de las maniobras de control territorial.
El comando militar advirtió que esta conducta no solo vulneró la libertad personal de los efectivos, sino que obstaculizó “las operaciones legítimas del Estado”, lo que favorece indirectamente a los grupos ilegales que delinquen en la zona.
Frente a la incertidumbre sobre la condición de los soldados, el general William Fernando Caicedo, comandante de la Décimoquinta Brigada, entregó un reporte de tranquilidad basado en una comunicación directa con la unidad afectada.
“Sé que están bien porque el comandante de la unidad me alcanzó a llamar por el teléfono satelital”, aseguró el alto oficial, quien enfatizó que la institución activó de inmediato los mecanismos para salvaguardar la integridad de sus hombres: “Estamos haciendo todo el proceso para que les respeten la vida y procedan a liberarlos”.
La institución castrense rechazó de manera enfática lo ocurrido y calificó la acción como una “grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad” de los efectivos.
Asimismo, hizo un llamado urgente a los organismos de derechos humanos para que su intervención permita destrabar la situación en un territorio donde la población civil queda frecuentemente en medio del fuego cruzado.
El incidente ocurrió el mismo día en que el ELN hizo público un comunicado en el que anunció un alto el fuego con motivo de las festividades de fin de año, el cual regirá entre el 24 de diciembre y el 3 de enero.
Sin embargo, este gesto de la guerrilla se dio en un contexto de profunda desconfianza, pues el grupo insurgente apenas finalizó un paro armado de 72 horas —entre el 15 y el 17 de diciembre— y protagonizó una emboscada el pasado 18 de diciembre en Villanueva, La Guajira, que dejó un saldo de siete militares muertos, hecho que endureció la postura del Gobierno frente a la voluntad real de paz de esa organización.