La Fiscalía embargó 25 bienes que pertenecerían a seis presuntos implicados en el escándalo de corrupción que estalló en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entre las personas cuyos bienes quedaron bajo estas medidas están los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El Pastuso’, y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, el embargo aborda 19 inmuebles y seis sociedades ubicadas o registradas en Bogotá; Medellín (Antioquia); Montería (Córdoba); Pasto y Chachagüí (Nariño); Sopó y Tabio (Cundinamarca); Cúcuta (Norte de Santander); Villavicencio (Meta) y Sabana de Torres (Santander).
Cuatro de esas propiedades ubicadas en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio (Meta) y Sopó (Cundinamarca) pertenecerían al expresidente del Congreso de la República Iván Leónidas Name Vásquez. En uno de estos casos, la medida recae únicamente sobre el 33 % de la propiedad correspondiente al exsenador.
Cuatro inmuebles más localizados en Montería (Córdoba) harían parte del patrimonio del exrepresentante Andrés Calle; uno más en Medellín pertenecería a Olmedo López, otro en Sabana de Torres estaría a nombre de Sneyder Pinilla y un predio en Tabio sería del exasesor Rodríguez Melo.
Entretanto, siete bienes localizados en Pasto y Chachagüí (Nariño), y en Cúcuta (Norte de Santander) tendrían relación con el contratista López Rosero.
La Fiscalía también señaló que dentro de los activos afectados hay sociedades que habrían sido utilizadas para las diferentes maniobras que le permitieron quedarse con la contratación en la UNGRD y darles tránsito a los dineros recibidos.
Las diligencias fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con el Ejército Nacional.
Frente a los embargos, las medidas contemplan la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios.
Cabe recordar que el entramado de corrupción que se destapó dentro de la UNGRD inició por la malversación de 46.800 millones de pesos, destinados a la compra de 40 camiones cisterna para distribuir agua potable en zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
Los vehículos no sirvieron y luego se descubrió que los sobrecostos de recursos públicos fueron destinados a pagar sobornos a congresistas para conseguir su apoyo a las reformas del Gobierno pasado.
*Con información de Colprensa.