Las autoridades del Meta y Guaviare encendieron las alarmas tras denunciar que estructuras de las disidencias de las Farc estarían adelantando procesos de carnetización ilegal en zonas rurales con el objetivo de ejercer control sobre las comunidades y presionar electoralmente a la población de cara a las próximas elecciones presidenciales.
La denuncia fue realizada durante un consejo de seguridad en el departamento del Meta, donde altos mandos militares y autoridades regionales aseguraron que grupos armados ilegales están obligando a campesinos a registrarse bajo mecanismos impuestos por las organizaciones criminales.
De acuerdo con el reporte oficial, las estructuras señaladas corresponden a las disidencias que responden a los alias de ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’, grupos que mantienen presencia armada en sectores rurales del Meta, Guaviare y otras zonas del sur del país.
El mayor general Erik Rodríguez, jefe de Estado Mayor de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, aseguró que existe evidencia sobre actividades de carnetización dirigidas a controlar a los habitantes rurales.
Según explicó el oficial, la situación ya no estaría relacionada únicamente con disputas por economías ilegales o control territorial, sino también con estrategias para influir directamente en el comportamiento electoral de las comunidades.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, denunció además que los habitantes de algunas veredas han recibido panfletos y presiones para acogerse a las directrices de los grupos armados ilegales. La mandataria advirtió que estas acciones podrían configurar delitos relacionados con constreñimiento al elector y amenazas contra la población civil.
Las denuncias coinciden con la circulación de audios y reportes que han generado preocupación en distintos sectores políticos y de seguridad sobre posibles intentos de interferencia armada en el proceso electoral de 2026.
En algunos de esos reportes conocidos públicamente, se menciona que integrantes de grupos armados estarían promoviendo mecanismos de presión sobre las comunidades campesinas mediante amenazas, cobros y restricciones para participar en actividades comunitarias.
La situación se presenta en medio de un aumento de hechos violentos en la región. En las últimas semanas se han registrado atentados, asesinatos de líderes políticos y ataques contra la fuerza pública en distintos departamentos como Meta y Guaviare, hechos que han incrementado la preocupación por las garantías de seguridad durante el proceso electoral.
Ante este panorama, las autoridades anunciaron el fortalecimiento del denominado Plan Democracia, estrategia con la que buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger la libertad del voto en las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.
Las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán las operaciones contra las disidencias en el sur del país, especialmente en corredores donde estas estructuras mantienen influencia sobre comunidades rurales y economías ilícitas.