La Alcaldía de Medellín inició las obras de demolición de una emblemática propiedad vinculada al narcotraficante Pablo Escobar. El inmueble está situado en un lote de 1.854 metros cuadrados en el barrio El Diamante N.° 2, en la comuna 14-El Poblado. La intervención se ejecutó tras un concepto técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y una orden emitida por la Inspección de Convivencia y Paz.
Durante varios años de abandono, la estructura se transformó en un grave foco de inseguridad para los vecinos. Según reportes oficiales, el predio era utilizado durante las noches para el consumo de estupefacientes y alcohol, la realización de actos sexuales y supuestos rituales satánicos, evidenciados por los grafitis y objetos hallados en su interior. Adicionalmente, el lugar operaba de forma informal como un imán para el narcoturismo y la exaltación de la violencia.
Manuel Villa, alcalde encargado de Medellín, enfatizó que en la ciudad no hay espacio para la apología al narcotráfico ni para que los lugares abandonados deterioren la convivencia ciudadana.
El mandatario subrayó que el propósito de derribar la estructura es recuperar la legalidad del espacio público y proteger a los residentes del sector.
Los registros históricos señalan que la vivienda fue comprada originalmente en 1979 por Victoria Eugenia Henao, esposa de Escobar
En 2004, la Fiscalía General de la Nación le impuso medidas cautelares, y para el año 2018 pasó a manos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), administrado por la SAE, luego de una sentencia en firme de extinción de dominio dictada en 2020.
El proceso de extinción de dominio sobre los bienes vinculados al cartel de Medellín ha sido una batalla jurídica de décadas en Colombia, orientada a desmantelar el músculo financiero de las estructuras criminales y revertir el daño social causado por la violencia de los años 80 y 90.
Tras la caída de Pablo Escobar, decenas de lujosas propiedades, fincas y apartamentos pasaron a manos del Estado bajo la figura de medidas cautelares administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Sin embargo, debido a la complejidad de los pleitos legales y a demoras administrativas, muchas de estas estructuras quedaron sumidas en un limbo legal y en un abandono total, convirtiéndose con el tiempo en ruinas peligrosas y focos de delincuencia urbana.
En los últimos años, la administración de Medellín ha adoptado una postura firme de “tolerancia cero” frente a estos lugares, implementando una política pública dirigida a derribar antiguas edificaciones de la mafia para transformarlas en espacios de memoria histórica, parques o sedes institucionales.
Un ejemplo de esta estrategia fue la demolición del Edificio Mónaco en 2019, el cual dio paso al Parque Memorial Inflexión, un espacio dedicado a honrar a las víctimas del narcoterrorismo en lugar de a sus victimarios.
Con la intervención en el barrio El Diamante de El Poblado, las autoridades buscan no solo erradicar un problema de orden público y consumo de drogas en una zona residencial, sino también frenar los circuitos informales de “narcotours” que explotan comercialmente la memoria del capo y vulneran la dignidad de la ciudad.
*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.