Señalando que es una ley que “representa un avance significativo”, la Defensoría del Pueblo le hizo un llamado al presidente entrante, Abelardo de la Espriella, para implementar de manera integral la Ley 2590 de 2026, que modifica las penas para los delitos relacionados con el reclutamiento ilícito y el uso de menores de edad para la comisión de delitos.
Esta norma también incorpora herramientas orientadas a fortalecer la prevención de estos hechos y ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones frente a una problemática que afecta a niñas, niños y adolescentes en distintos territorios del país.
Sin embargo, el organismo advirtió que la entrada en vigencia de la ley no garantiza por sí sola su efectividad, por lo que instó al próximo gobierno a desarrollar y poner en marcha las medidas contempladas en la norma.
Entre ellas figura la elaboración del documento Conpes y la actualización de la Línea de Política Pública para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, proceso que deberá cumplirse dentro del año siguiente a la expedición de la ley.
La Defensoría explicó que estos instrumentos deberán establecer metas verificables, indicadores de seguimiento, fuentes de financiación, mecanismos de evaluación y responsabilidades para las entidades encargadas de ejecutar la política pública, con el fin de consolidar una estrategia de prevención sostenida en el tiempo.
Otro de los puntos considerados prioritarios es la conformación del Equipo Nacional de Acción Inmediata, concebido para coordinar respuestas urgentes cuando existan riesgos inminentes de reclutamiento de menores de edad.
De igual manera, la entidad insistió en la necesidad de poner en funcionamiento el Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores de Edad, que permitirá consolidar información proveniente de diferentes instituciones para orientar las decisiones en materia de prevención.
Según mencionó, el uso de redes sociales y plataformas digitales por parte de grupos armados y estructuras criminales hace necesaria una mayor coordinación entre las autoridades y la industria tecnológica para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.
Adicionalmente, pidió avanzar en una estrategia nacional de prevención que involucre a las familias, las comunidades, las instituciones educativas y demás actores sociales, así como ejecutar un plan para fortalecer la infraestructura educativa, ampliar la planta docente e identificar y delimitar las escuelas ubicadas en municipios con mayor riesgo de reclutamiento.
“La protección efectiva exige presencia integral del Estado en los territorios, fortalecimiento de la educación, oportunidades para niñas, niños y adolescentes y sus familias, protección de las comunidades, respuesta temprana frente a los riesgos y acciones coordinadas que reduzcan los factores que favorecen el reclutamiento”, sostuvo la Defensoría del Pueblo en un comunicado.