La Defensoría del Pueblo exigió al Estado una respuesta urgente ante la escalada de violencia en Guachené (Cauca), municipio que el pasado 5 de abril de 2026 registró el asesinato de tres personas adultas mayores y la herida grave de una cuarta en la vereda Obando, en un territorio que ya acumulaba 49 homicidios durante 2025.
El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo describió los hechos del 5 de abril como parte de “un contexto de deterioro sostenido de la seguridad en el municipio” que representa “un riesgo persistente para la población civil”.
El organismo señaló que la situación forma parte de una afectación regional en la zona plana del norte del Cauca —que comprende los municipios de Guachené, Villa Rica, Padilla y Puerto Tejada— donde se ha incrementado el desplazamiento forzado.
La Defensoría identificó como responsable del accionar permanente en ese territorio al Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) del Estado Mayor Central (EMC), junto con diversos grupos de delincuencia organizada.
El organismo advirtió que las comunidades étnicas de la zona enfrentan amenazas, homicidios, confinamiento y restricciones a la movilidad, y que la falta de garantías para los rituales funerarios afecta los derechos culturales y “la pervivencia de la comunidad negra de la vereda Obando”.
La crisis humanitaria registró impacto en el sistema educativo: más de 80 estudiantes se encuentran fuera de las instituciones escolares, lo que la Defensoría del Pueblo calificó como “una vulneración estructural del derecho a la educación” que afecta de manera especial a niñas, niños y adolescentes.
La Defensoría indicó que desde diciembre de 2025 activó escenarios de coordinación, misiones de verificación y acompañamiento jurídico para el reconocimiento de víctimas, y que las alertas sobre este territorio han sido reiteradas.
El organismo advirtió que “la continuidad y agravamiento de los hechos evidencian la necesidad de fortalecer la respuesta institucional”, al tiempo que señaló vacíos en el reconocimiento de víctimas, la activación de rutas de atención y la articulación entre entidades competentes.
Con base en ese diagnóstico, la Defensoría instó a las autoridades a adoptar una respuesta con enfoque territorial para la zona plana del norte del Cauca, a atender de manera inmediata las solicitudes de la comunidad de Obando garantizando su participación, a implementar medidas de protección colectiva con enfoque étnico y a garantizar condiciones de seguridad para los rituales funerarios y la vida comunitaria.
También exigió el fortalecimiento de la presencia institucional preventiva en el territorio, la activación de los mecanismos de atención a víctimas y medidas para prevenir la deserción escolar. El documento concluyó que “la protección de la vida, la dignidad y la pervivencia de las comunidades étnicas debe ser una prioridad inmediata e inaplazable”.