La Defensoría del Pueblo advirtió este miércoles sobre la crítica situación financiera que atraviesa la Nueva EPS debido al embargo de sus cuentas y cuestionó con dureza la postura del Ministerio de Salud, al que señaló de emitir declaraciones indolentes que ponen en duda el deber estatal de garantizar el derecho fundamental a la salud de los usuarios en varias regiones del país.
El organismo de control explicó que, ante la “preocupante vulneración del derecho a la salud en todo el país”, participó en lo corrido del año en mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos y pacientes.
El objetivo de estos encuentros fue asegurar la atención de casos críticos y solucionar los pendientes en la entrega de medicamentos indispensables. Asimismo, se buscó establecer compromisos para “la estabilización de pagos y con la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y completamente disponibles”.
Sin embargo, la entidad enfatizó que la coyuntura es especialmente crítica para los afiliados a la Nueva EPS, aseguradora que enfrenta una situación financiera delicada. La Defensoría vio con preocupación “el embargo de las cuentas” de dicha entidad, pues advirtió que esta medida administrativa “complica aún más la situación de hospitales y dispensarios, y afecta gravemente la garantía del derecho a la salud”.
Aunque la crisis impacta a todo el territorio nacional, el ente defensorial hizo un llamado de atención específico sobre la gravedad de los hechos en los departamentos de Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Tolima, y en el archipiélago de San Andrés y Providencia.
En su pronunciamiento, la Defensoría pidió al Ministerio de Salud mejorar los canales de comunicación y exigió “dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas”.
Para el organismo, la “falta de empatía con la angustia” de quienes están al frente de la atención médica y deben lidiar a diario con el sufrimiento de los usuarios resulta “inadmisible y preocupante”.
La entidad concluyó que esa actitud por parte de la cartera de Salud deja el mensaje equivocado de que “las autoridades no harán nada para resolverlo”, a pesar de que intervenir y solucionar la crisis es su deber.
Las críticas se dan luego de que el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, expresara que “los ricos también lloran” ante el llanto del gerente del hospital de Itagüí, por la critica situación financiera de la entidad.