La Defensoría del Pueblo, durante una reciente visita realizada a Popayán, advirtió que en el departamento del Cauca continúan las graves vulneraciones de derechos humanos y afectaciones en la población civil.
En ese sentido, la entidad destacó que se discutieron detalles del Informe Defensorial Cauca: voces que resisten. El documento reporta vulneraciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) y dinámicas de violencia que afectan al Cauca.
Los principales riesgos identificados, según el informe, son la reconfiguración de los grupos armados ilegales, las disputas por el control territorial y la expansión de las economías ilícitas, con impactos especialmente graves para los pueblos indígenas y afrodescendientes y las comunidades campesinas.
Y es que entre enero del 2024 y junio del 2026, los desplazamientos masivos afectaron a 15.492 personas y el confinamiento a 31.471. De estas últimas, 14.306 hacen parte de pueblos indígenas y consejos comunitarios del Pacífico y el sur del Cauca.
“Estas situaciones restringen la movilidad, debilitan los vínculos comunitarios y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades en sus territorios. La violencia también se refleja en las afectaciones a la vida y la integridad”, advirtió este Ministerio Público encargado de vigilar los derechos humanos en Colombia.
1.747 homicidios, 31 masacres con 134 víctimas y 359 casos de desaparición forzada se registraron desde el año 2024 hasta mayo del 2026. También durante el mismo lapso de tiempo fueron asesinados 84 líderes sociales y 17 firmantes del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc.
Lo anterior, según la Defensoría, evidencia que se deben fortalecer las medidas de protección y prevención a todas las personas que se encargan de defender los derechos humanos y trabajan por sus comunidades.
En el Cauca, en la actualidad, se encuentran activas 20 alertas tempranas sobre posibles hechos de violencia que estarían preparando grupos armados en el departamento.
Frente a ese panorama, la defensora del Pueblo, Iris Marín, instó a las autoridades nacionales y regionales con el fin de que pongan en marcha las 52 recomendaciones del informe de la entidad que dirige y que de la misma manera se avance en la implementación del Acuerdo de Paz.
“Las recomendaciones incluyen medidas para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes; proteger los liderazgos sociales; atender a las víctimas de desplazamiento y confinamiento; fortalecer el desarrollo rural y enfrentar las afectaciones ambientales derivadas de las economías ilícitas”, señala la Defensoría.
Por último, el ente de control sugirió a todas las autoridades nacionales y regionales que implementen las recomendaciones del informe y fortalezcan la articulación institucional y garanticen respuestas sostenibles que protejan a la población civil.