El presidente Abelardo De La Espriella reveló que ordenó el traslado del excongresista Juan Carlos Abadía a la cárcel de Villahermosa, en Cali, luego de denunciar que el condenado participaba en política, designaba funcionarios y definía contratos desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía, donde cumplía su pena de 21 años y 7 meses por corrupción.
Según De La Espriella, Abadía simuló un episodio cardíaco para ser trasladado a una clínica. “Di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad”, afirmó el mandatario. A las 11:30 p. m. del martes, el exfuncionario fue recluido en Villahermosa.
“En la Patria Milagro nadie está por encima de la ley”, escribió De La Espriella en sus redes sociales.
Juan Carlos Abadía fue gobernador del Valle del Cauca entre 2008 y 2010. La Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, en relación con un contrato de $1.072 millones para dotar de material bibliográfico a 40 establecimientos educativos en diez municipios del departamento. La condena de 21 años y 7 meses quedó en firme tras ser ratificada en segunda instancia.
La investigación también reveló que Abadía habría pagado un soborno de $400 millones al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera para archivar un proceso en su contra en la Corte Suprema. Esos recursos habrían sido redireccionados al exmagistrado Francisco Ricaurte.
Según el presidente De La Espriella, Abadía se valía de su privilegiada condición carcelaria para incidir en decisiones políticas e institucionales del departamento, manejando influencia como si nunca hubiera sido condenado.
El traslado no fue fácil: el exgobernador sufrió una descompensación de salud mental al conocer la orden, lo que generó su ingreso temporal a una unidad especializada antes de ser conducido definitivamente a Villahermosa.
“Juan Carlos Abadía se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción”, señaló el mandatario. El caso se suma a una serie de traslados carcelarios que el gobierno de De La Espriella ha anunciado como parte de su política de orden y seguridad.