El influenciador Yeferson Cossio se convirtió en el epicentro de una polémica pública tras su paso por el departamento del Chocó, donde participó en labores de ayuda humanitaria luego del terremoto del 10 de agosto de 2026.
Cossio, quien según reportes lideró la entrega de 40 toneladas de ayudas y mercados a familias damnificadas, fue captado en imágenes y videos manipulando o portando un arma que, a simple vista, correspondería a dotación oficial de la Policía Nacional.
Las imágenes, difundidas en redes sociales, encendieron el debate sobre los límites entre la presencia mediática en zonas de emergencia y el manejo de elementos de la fuerza pública por parte de civiles.
La representante a la Cámara por Bogotá, Claudia Romero Nader, fue una de las voces que alzó la voz públicamente para cuestionar el hecho.
En un mensaje difundido en su cuenta en X, Romero Nader pidió explicaciones al ministro de Defensa y al propio Cossio, y exigió que se investiguen las circunstancias que permitieron que un arma institucional terminara en manos de un civil, durante una jornada de asistencia.
“Las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y mucho menos pueden convertirse en parte de un espectáculo frente a cámaras”, escribió la congresista, y solicitó que se determinen responsabilidades con rigor, subrayando que la emergencia requiere “solidaridad, respeto y seguridad. No improvisación”.
Hasta ahora, las imágenes disponibles no permiten establecer con certeza si el arma fue entregada con autorización formal, si se trató de un momento aislado y controlado por personal de seguridad, o si existió alguna irregularidad en la custodia del armamento.
Desde el equipo de Cossio le indicaron a Semana que sí hubo autorización, para que el creador de contenido sostuviera el arma, y añadieron que en ese instante no se generó riesgo para las personas presentes.
Al mismo tiempo, reconocieron que, en términos generales, ningún arma de uso institucional debería terminar en manos de un civil.
La solicitud de investigación formulada por la representante Romero Nader apunta a que las autoridades competentes Ministerio de Defensa y Policía Nacional aclaren públicamente los hechos, expliquen si hubo autorización formal y, en caso de irregularidades, establezcan sanciones o medidas correctivas.
Mientras tanto, la controversia no ha opacado la entrega de ayuda en sí misma, pero sí ha desviado la atención hacia la necesidad de protocolos más estrictos cuando actores externos, incluidos influenciadores, participan en operaciones de asistencia.