La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $24.849 millones tras adelantar una auditoría de cumplimiento a la gestión de Asmet Salud EPS, intervenida por la autoridad sanitaria. El principal hallazgo corresponde a giros injustificados por $23.426 millones a prestadoras de servicios de salud.
Según informó el ente de control, las irregularidades se detectaron durante la revisión a la gestión administrativa, contractual y financiera de la EPS en las vigencias 2023 y 2024, evaluando el uso de recursos fiscales y parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
De acuerdo con el comunicado oficial, la firma RG Auditores S.A.S., que actuó como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud, habría autorizado pagos por montos superiores a los establecidos para giro directo a la red prestadora.
“La firma RG Auditores S.A.S., actuando como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud, modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores”, señaló la Contraloría en su pronunciamiento.
El órgano de control explicó que dichos giros superaron los valores previamente postulados y aprobados, lo que generó un presunto detrimento patrimonial por $23.426 millones.
Además, la Contraloría reiteró que el gestor fiscal, en su calidad de administrador de los recursos públicos de la salud, tiene la obligación de garantizar el uso adecuado de los fondos, independientemente de que haya sido o no el responsable directo de autorizar los pagos observados.
Pagos superiores a los certificados
El informe detalla que, aunque Asmet Salud certificó en su momento la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, se identificó que a 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores a los autorizados.
El organismo de control advirtió que, transcurridos más de dos años desde el giro de los recursos, estos permanecen en manos de terceros, sin que se hayan ejercido plenamente los mecanismos legales disponibles para su reintegro.
A la fecha, solo se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, quedando pendientes $23.426 millones por recuperar, cifra que constituye el presunto detrimento patrimonial advertido por el ente de control.
En ese sentido, la Contraloría reiteró que la obligación de recuperar recursos públicos no se extingue por el hecho de que la EPS no haya sido directamente responsable del giro. Como gestora fiscal de los recursos del SGSSS, Asmet Salud está en la obligación de adelantar acciones legales de manera ágil, oportuna y efectiva para salvaguardar el patrimonio público.
Los hallazgos podrían dar paso a procesos de responsabilidad fiscal y a eventuales actuaciones disciplinarias o penales, dependiendo de las decisiones que adopten las autoridades competentes.