En las últimas horas se dio a conocer que el Consejo de Estado declaró nulidad del decreto 0657 del 21 de mayo de 2024, mediante el cual el presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó a Luis Gilberto Murillo como ministro de Relaciones Exteriores.
La decisión judicial declaró que Murillo se encontraba inhabilitado para ejercer cargos públicos debido a una condena penal relacionada con un delito contra el patrimonio del Estado.
La magistrada Gloria María Gómez Montoya revocó así una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que previamente había rechazado la solicitud de nulidad presentada contra el acto de nombramiento.
El proceso judicial se originó por una demanda que argumentaba que Murillo estaba incurso en la inhabilidad prevista en el artículo 122 de la Constitución Política, debido a una condena emitida en 1997 por el Tribunal Superior del Chocó por el delito de peculado por aplicación oficial diferente.
En esa fecha, el alto tribunal impuso una condena de seis meses de prisión y al pago de una multa de 1.000 pesos.
Con ese antecedente, el Consejo de Estado determinó que esa condena hace parte de los delitos contra el patrimonio del Estado, lo que genera una inhabilidad permanente para ser elegido o designado como servidor público.
Asimismo, la Corte Constitucional recordó que el delito de peculado por aplicación oficial diferente afecta el patrimonio público, y el uso indebido de recursos estatales constituye una modalidad de detrimento de la hacienda pública.
Además, el ente judicial señaló que el alcance de la inhabilidad impuesta por la Constitución no depende del tiempo transcurrido desde la condena ni de decisiones posteriores que lleguen a modificar la situación jurídica del condenado.
Respecto a la decisión del Consejo de Estado, Murillo se pronunció a través de redes sociales, afirmando que sus derechos y garantías le fueron desconocidos, por lo que reveló que va a apelar la decisión del Consejo de Estado.
Por medio de un comunicado, el exprecandidato presidencial declaró que desde hace más de una década, distintas autoridades judiciales y administrativas se han pronunciado en favor del pleno restablecimiento de sus derechos civiles y políticos.
En ese sentido, resaltó que siempre tendrá respeto por las decisiones judiciales en consonancia con su convicción y compromiso con las instituciones del Estado de derecho y la separación del poder público.
No obstante, Murillo afirmó que ante esta reciente decisión judicial acudirá a “las acciones a que haya lugar para la salvaguarda de mis derechos y garantías que fueron desconocidos con la decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 30 de julio de 2026, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.