El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado por la tragedia en Mocoa, Putumayo, que dejó al menos 336 personas muertas y más de 400 heridos el 31 de marzo de 2017.

Esta decisión se tomó luego de que en el año 2019 se presentara una demanda de reparación directa por esta tragedia en contra de la Nación, el Ministerio del Interior, el Departamento de la Presidencia de la República, la Unidad para la Gestión del Riesgo, el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa.

Para el Tribunal hubo "comportamiento negligente" de las entidades del Estado "cuando con pleno conocimiento de los eventos naturales que alertaban la presencia de un posible desastre, vulnerando su obligación de prevención y protección tomaron una conducta pasiva en cuanto a la realización o toma de medidas preventivas, tendientes a salvaguardar la vida y bienes de los habitantes del municipio de Mocoa".

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Aunque en primera instancia se negó que las autoridades fueran culpables de la tragedia, el Tribunal dijo que la avalancha sí fue un evento previsible, según una serie de informes, alertas, estudios y documentos relacionados en el fallo.

"Solamente del informe o relación de eventos naturales del municipio de Mocoa, expedido por Corpoamazonía se relaciona 46 avenidas torrenciales producidas por los ríos de Mocoa, Mulato, Sangoyaco, Repino, Rumiyaco, Quebrada Turquía, así como 50 eventos por inundaciones y 99 deslizamientos, panorama que claramente deja entre ver que los hechos del 31 de marzo de 2017 eran plenamente previsibles para las autoridades administrativas del municipio, y pese a lo anterior ninguna ejecutó labores tendientes a salvaguardar la vida e integridad de los pobladores de las áreas amenazadas", señaló el Tribunal.

Por lo anterior,  se decidió declarar administrativamente responsable las entidades estatales. De igual forma, se ordenó el pago de indemnizaciones a 10 de las familias afectadas que hicieron parte de la demanda contra el Estado.