El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia presentó su más reciente informe de balance humanitario en el país durante el 2025. En ese sentido, el organismo alerta que en este último año las consecuencias humanitarias de los conflictos armados en Colombia alcanzaron el nivel más grave de la última década.
Este deterioro no es solamente consecuencia de la intensificación de las hostilidades, sino también de la forma en que se condujeron y del trato que recibió la población civil, en un contexto marcado por la falta de respeto del derecho internacional humanitario (DIH).
El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones.
Además, 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas, según información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Mientras que en misiones humanitarias de salud, según resalta la Mesa Nacional de Misión Médica, hubo 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados.
“La situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas para la población civil”, explica Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá.
Comparada la situación con el año 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %.
El reporte destaca con especial preocupación el uso de drones por parte de grupos armados para el lanzamiento de explosivos y la realización de combates en zonas pobladas, tácticas que han incrementado el temor y la exposición de las comunidades rurales y urbanas.
Adicionalmente a los enfrentamientos, una parte de la población civil enfrentó diferentes formas de violencia y abuso, como homicidios, desapariciones, amenazas, violencia sexual y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.
Aunque en gran parte del país se registraron las consecuencias humanitarias por los conflictos armados, se concentraron con mayor rigor en Norte de Santander, que agrupó el 67% de la población afectada por desplazamientos masivos, mientras que el departamento del Cauca registró el 46% de los heridos y fallecidos por explosivos.
Chocó y Guaviare también reportaron cifras críticas de confinamiento, afectando a más de 16.000 personas en el departamento amazónico.
“En los conflictos armados, el impacto sobre la población civil depende en gran medida de las decisiones que toman las partes en conflicto. Cuando no se respeta el derecho internacional humanitario, esas decisiones generan daños directos para la vida, la dignidad y la integridad de las personas”, destacó Dubois.