Ante el recrudecimiento de la violencia en Oriente Medio, el Gobierno de Colombia emitió este sábado 28 de febrero un pronunciamiento en el que condena de manera categórica el uso de la fuerza, solicita la protección inmediata de la población civil y hace un llamado urgente a la comunidad internacional para impedir una escalada con efectos devastadores para la región y el mundo.
A través de la Cancillería, el Ejecutivo manifestó que el país no puede permanecer indiferente frente a los acontecimientos que marcan la agenda internacional.
En ese sentido, rechazó “cualquier acción armada que profundice la inestabilidad regional y ponga en riesgo a la población civil en Oriente Medio”, y advirtió que el deterioro de la situación no solo compromete la seguridad regional, sino que también representa una amenaza para la estabilidad global.
El pronunciamiento incluye un llamado directo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que asuma lo que el Gobierno calificó como una responsabilidad histórica en la preservación de la paz y la seguridad internacional. En el comunicado se subraya que la Organización de las Naciones Unidas debe actuar con prontitud y determinación ante la gravedad del momento actual.
“La Organización de las Naciones Unidas no puede ser inferior a la gravedad de este momento. El silencio, la inacción o las respuestas tardías solo profundizan la tragedia”, señaló el Gobierno, insistiendo en que una reacción tardía podría agravar las consecuencias humanitarias y políticas del conflicto.
El Ejecutivo también reiteró que el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario debe ser estricto y exigible. En esa línea, recordó lo expresado por el presidente Gustavo Francisco Petro, quien ha invocado el cese inmediato de las hostilidades y la necesidad de que todas las partes involucradas acaten las normas que protegen a la población civil en contextos de guerra.
“La protección de la población civil no es opcional: es una obligación jurídica y moral”, enfatiza el comunicado, al tiempo que advierte que el uso de la fuerza “solo profundiza el dolor, alimenta el odio y multiplica el sufrimiento de quienes no participan en las decisiones políticas ni militares”.
El Gobierno puso especial énfasis en el impacto que la confrontación tiene sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Familias, niños, mujeres y trabajadores fueron mencionados de manera explícita como quienes terminan pagando con su vida y su dignidad las consecuencias de decisiones adoptadas en escenarios políticos y militares.
En su mensaje, Colombia insistió en que la comunidad internacional debe actuar con determinación para evitar que la crisis escale a niveles aún más peligrosos. La advertencia apunta a que un agravamiento del conflicto podría tener repercusiones no solo en Oriente Medio, sino en el equilibrio internacional en su conjunto.
Además, el Ejecutivo sostuvo que la ONU no puede ser inferior a los retos que impone este nuevo escenario de guerra y reiteró la necesidad de actuar “decidida y rápidamente” para que prevalezca la vida como valor máximo y fundamental de la humanidad.
El comunicado concluye con una afirmación contundente que resume la posición del país frente a la coyuntura: “La guerra no puede ser el camino. La paz no admite dilaciones”.