La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “condena y profundo pesar” tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada del pasado 11 de agosto en Bogotá.
A través de un comunicado oficial, el organismo regional exigió al Estado colombiano redoblar esfuerzos para investigar, juzgar y sancionar a los responsables del crimen, al tiempo que urgió a garantizar la seguridad de las personas con liderazgo político en todo el país.
El asesinato de Uribe, de 39 años, generó un fuerte impacto no solo en Colombia, sino también en la comunidad internacional. La CIDH subrayó que la tragedia constituye un “recordatorio de la persistencia de la violencia política en Colombia”, un fenómeno que continúa amenazando la democracia y la participación ciudadana.
En su pronunciamiento, la Comisión fue enfática en señalar que la lucha contra la impunidad es fundamental para evitar la repetición de hechos similares.
“Combatir la impunidad es esencial para prevenir nuevos crímenes y garantizar el ejercicio seguro de los derechos políticos”, advirtió la entidad, al tiempo que reiteró que las investigaciones deben ser fortalecidas para esclarecer los móviles, identificar a todos los implicados y enviar un mensaje de confianza a la sociedad.
El organismo también situó su mirada en el futuro inmediato, recordando que Colombia se prepara para las elecciones ejecutivas y legislativas de 2026.
En ese sentido, pidió al Estado reforzar la protección de líderes y garantizar un entorno “pacífico, inclusivo y libre de violencia”, condiciones indispensables para un proceso democrático legítimo.
Asimismo, instó a la clase política a moderar la confrontación y promover el diálogo y los consensos como vías para solucionar los problemas del país, en lugar de exacerbar la polarización.
“El asesinato de Miguel Uribe Turbay refleja la persistencia de la violencia política en Colombia, que sigue afectando a liderazgos sociales, comunitarios y a la sociedad en general”, reiteró la Comisión, que además extendió sus condolencias a la familia del dirigente político.
Tras los actos fúnebres, familiares y allegados del senador pidieron “justicia completa” y reclamaron resultados rápidos en las investigaciones.
Por su parte, la Fiscalía General aseguró que mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el crimen y que avanza en la recolección de pruebas contra los capturados hasta el momento.
Entre ellos, se encuentra un menor de 15 años identificado como el autor material del disparo que acabó con la vida del senador.
Aunque ya había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas en un proceso previo, su situación penal está en revisión debido a que ahora enfrenta señalamientos por homicidio agravado.