El caso de Yulixa Toloza, quien perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, podría verse permeado por un obstáculo judicial que pondría en riesgo el futuro del proceso contra algunos de los implicados capturados en Venezuela.
En medio de las honras fúnebres de la mujer de 52 años, la familia expresó su preocupación por la posibilidad de que algunos de los detenidos recuperen la libertad mientras avanzan los trámites judiciales entre Colombia y Venezuela.
El abogado de las víctimas pidió celeridad en el proceso y solicitó cooperación entre ambos países para evitar que el caso quede en la impunidad.
“Rogamos que se dé aplicación al acuerdo bolivariano de 1911 y se logre la extradición de estas personas para que vengan a Colombia a pagar por los hechos que cometieron en territorio nacional”, manifestó el representante judicial.
Según explicó la defensa, una de las principales preocupaciones tiene que ver con los delitos por los cuales fueron imputados en territorio venezolano María Fernanda Delgado, Edison Torres y Eduardo Ramos.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los tres fueron procesados por el delito de resistencia a la autoridad, figura que, según advirtió el abogado de la familia, no contempla penas de cárcel en Venezuela.
A esto se suma otro factor que podría complicar el desarrollo del proceso judicial: la Constitución venezolana prohíbe la extradición de ciudadanos nacionales.
“La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”, establece el artículo 69 de la Constitución de ese país.
El representante de la familia también indicó que el avance del caso dependerá de la articulación entre las autoridades judiciales de ambos países y del intercambio de pruebas y expedientes relacionados con la investigación.
“Esto es un tema en el cual la Fiscalía de Colombia y el Ministerio Público venezolano deben cooperar para tratar de trasladar adecuadamente las pruebas, el expediente y los elementos”, explicó.
Otro de los puntos que mantiene en alerta a la familia de Yulixa Toloza tiene que ver con las diferencias existentes entre los delitos contemplados en Colombia y aquellos que reconoce la legislación venezolana.
“Tiene que ser equivalente en cuanto a la descripción fáctica, o sea, los hechos tienen que ser iguales”, manifestó el abogado.
Además, explicó que algunas conductas investigadas por la Fiscalía colombiana no tendrían una figura equivalente en Venezuela.
“Respecto, por ejemplo, al delito de desaparición forzada, que entiendo que la Fiscalía de Colombia lo incluyó, en Venezuela no existe el delito de desaparición forzada cometido por un particular”, agregó.