Durante la audiencia contra Daniel Quintero y otras 12 personas por el caso de corrupción de ’Aguas Vivas’, la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que se incluyera al municipio de Medellín como víctima del supuesto entramado.
Esta solicitud se da pese a que la defensa de Quinteo alegara que podría existir conflicto de intereses debido a la pública rivalidad política entre el alcalde Federico Gutierrez y Quintero.
Frente a eso, el argumento central es que el abogado en el proceso actúa en representación de la institucionalidad de la ciudad y no a título personal del mandatario actual.
Cabe recordar que por este caso, Quintero es investigado por los delitos de peculado, prevaricato e interés indebido en contratos. No obstante, la defensa del exalcalde paisa asegura que la imputación inicial no tuvo claridad y suficiencia probatoria, por lo que alegan un procedimiento presuntamente irregular, por lo que exigen que el ente acusador realice la formulación de acusación desde cero.
“Comprometió la irregularidad de la acusación y de un juicio válido, porque dejó a la defensa sin un marco fáctico cierto sobre el cual ejercer el derecho a la contradicción”, dijo el abogado Kevin Giraldo Camacho, defensor de Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.
Acto seguido, el abogado de Quintero sostuvo que “el municipio de Medellín no sufrió detrimento patrimonial de ninguna naturaleza”.
Por ahora, lo cierto es que será un juez de la República quien decida si efectivamente el municipio de Medellín puede ser catalogado como víctima en este proceso penal, el próximo 20 de mayo, 2 de julio y 14 de julio, cuando se desarrollen las próximas audiencias, todas sobre la 1:30 de la tarde.
Es importante resaltar que en este proceso se investigan irregularidades en el manejo de un lote de 147.000 metros cuadrados en el sector de Las Palmas, en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín.
El lío judicial data de 2019, cuando el lote fue entregado al municipio como compensación urbanística, avaluado en $2700 millones. Pero en la administración de Quintero, el mismo lote se avaluó en $40000 millones.
En este sentido, la Fiscalía señala que la administración modificó el uso de suelo, presuntamente, de manera irregular para beneficiar a terceros.
Cabe recordar que pese a este proceso legal, Daniel Quintero fue nombrado como Superintendente Nacional de Salud el pasado 23 de abril de 2026 por el presidente Gustavo Petro.