Luego de cuatro meses de exhaustivo trabajo diagnóstico liderado por una Comisión Especial Independiente, Caracol Televisión dio a conocer públicamente los resultados de la investigación interna sobre violencias de género y conductas indebidas dentro de la compañía.
Como respuesta directa a los hallazgos presentados por los expertos, la empresa formalizó la adopción inmediata de la Política Integral para la Prevención, Atención y Eliminación del Acoso Sexual y las Violencias Basadas en Género, una estrategia transversal que busca reestructurar la cultura organizacional.
La comisión evaluadora estuvo integrada por figuras de alto perfil jurídico como la abogada Catalina Botero, junto a Alejandra Negrete, Mia Perdomo y Carlos Negret. Este grupo de trabajo independiente habilitó canales confidenciales, revisó documentación interna, adelantó entrevistas directas y procesó una encuesta anónima que contó con la participación del 61 % de las mujeres y el 57 % de los hombres vinculados al canal.
El diagnóstico concluyó que, aunque existían rutas institucionales, una porción considerable del personal las desconocía o consideraba que ciertas conductas se normalizaban cuando provenían de figuras con posiciones de poder.
Frente a este escenario, el medio de comunicación dispuso la creación de una estructura permanente para la recepción y trámite imparcial de cualquier irregularidad laboral o personal.
A partir del 22 de agosto, entrará en funcionamiento operativo la Oficina de la Ombudsperson, instancia que estará bajo la dirección ejecutiva de Diana Rodríguez Uribe, profesional con trayectoria en el área de derechos de la mujer y asuntos de género.
Este espacio independiente garantizará rutas directas de denuncia y atención confidencial para todos los trabajadores que requieran orientación.
De forma complementaria, la estrategia institucional sumará el acompañamiento de abogadas especialistas como Mariana Sanz de Santamaría y establecerá alianzas estratégicas con la Fundación No es Hora de Callar, liderada por la periodista Jineth Bedoya.
Asimismo, se incorporará la asistencia de organizaciones jurídicas como la FLIP y El Veinte para respaldar el componente legal de las investigaciones y asegurar la defensa integral de la libertad de expresión dentro del ejercicio profesional.
El anuncio coincide con la difusión de un pronunciamiento remitido por la representación legal de la denunciante vinculada al expediente judicial que involucra a Jorge Alfredo Vargas.
A través del documento respaldado por El Veinte, la comunicadora ratificó las acusaciones iniciales presentadas en el ámbito corporativo y cuestionó la actuación de la administración de justicia por ordenar la revelación de sus datos personales, situación que motivó a su apoderada, la abogada Ana Bejarano Ricaurte, a retirarse de la diligencia tras rechazar la vulneración del derecho a la reserva de identidad.