La Corte Constitucional dio un nuevo paso en el reconocimiento de derechos laborales asociados a la gestación al avalar el acceso a licencia remunerada para todas las personas gestantes que enfrenten un aborto, ya sea espontáneo o como resultado de una interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La decisión fue adoptada por la Sala Plena al validar de manera parcial el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo, luego de identificar una omisión legislativa que limitaba este beneficio únicamente a mujeres cisgénero (casos en los que el género coincide con el sexo asignado al nacer).
Es decir, que la legislación terminaba por excluir a otras personas con capacidad de gestar, como hombres trans y personas no binarias.
Tras analizar la licencia remunerada, el alto tribunal concluyó que los derechos derivados de la gestación no pueden estar atados al sexo ni a la identidad de género. Bajo esa premisa, precisó que “los derechos laborales asociados a la gestación deben vincularse a la capacidad de gestar, no a otras razones”, por lo que ordenó la modificación del parágrafo de la norma para incluir directamente el concepto de “persona gestante”.
A partir de ahora, toda persona gestante tiene derecho a una licencia remunerada por procesos de recuperación física y emocional derivados de abortos o pérdidas gestacionales, sin discriminación alguna, algo que garantiza el derecho a la igualdad y ofrece protección laboral durante estos casos.
Pero el fallo también incorpora enfoque de género y diversidad, al reconocer realidades que no habían sido contempladas por el legislador.
Cabe recordar que en febrero de 2022 esta misma Corte fue la encargada de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, convirtiendo al país en pionero en América Latina en esta materia.
De acuerdo con cifras de Profamilia, el 80 % de las personas gestantes que acceden a la IVE lo hacen antes de la semana 12. Hasta febrero de 2025, cerca de 150.000 mujeres accedieron al procedimiento de forma libre, segura y gratuita, lo que representa un aumento del 118 %.
Solo en 2024 se autorizaron más de 56.000 interrupciones, muchas de ellas a través de telemedicina (guía virtual) para abortos de menor complejidad.
Pese a estos avances, organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que persisten barreras para el acceso oportuno, como la falta de información y la objeción de conciencia por parte de algunos profesionales de la salud. Sin embargo, la Corte viene reiterando que los hospitales deben disponer de personal capacitado y dispuesto a cumplir con este proceso.