Las autoridades de salud y los organismos judiciales intensificaron los operativos contra establecimientos dedicados a procedimientos estéticos que estarían funcionando al margen de la normativa en Bogotá. Como resultado de una intervención de gran escala, fueron sellados al menos 11 centros que, según las investigaciones, realizaban cirugías y tratamientos sin cumplir con los requisitos sanitarios exigidos.
Uno de los establecimientos inspeccionados fue la clínica Láser Surgical, señalada de tener vínculos con el cirujano Gabriel Cubillos. Durante la diligencia, las autoridades encontraron y destruyeron medicamentos, insumos y dispositivos médicos que no reunían las condiciones establecidas por la legislación sanitaria, ya que presuntamente eran utilizados en procedimientos practicados de forma irregular.
Las acciones de control también incluyeron el cierre total de los servicios de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento, ubicada en la carrera 14 con calle 105, así como la suspensión del servicio de urgencias de Medicentro Familiar IPS por presuntos incumplimientos detectados durante las inspecciones.
Las investigaciones cobraron fuerza luego de que varios pacientes denunciaran haber sufrido complicaciones de salud tras someterse a procedimientos estéticos en algunos de estos centros. Entre los casos más mencionados se encuentra el de Láser Surgical, establecimiento que ya estaba bajo observación debido a múltiples quejas.
La medida de clausura en este centro se extendió a las áreas donde funcionaban los consultorios de valoración médica, las salas destinadas al seguimiento postoperatorio y la zona administrativa, espacios donde los pacientes iniciaban su proceso antes de ingresar a cirugía.
La decisión de las autoridades se produce además tras conocerse testimonios de pacientes que aseguraron haber enfrentado graves afectaciones médicas y presuntas intimidaciones luego de presentar reclamaciones por los procedimientos realizados.
Durante los allanamientos, los investigadores hallaron elementos que representarían un riesgo para la salud pública. Entre ellos se encontraban medicamentos vencidos, alterados o manipulados, fórmulas magistrales sin las autorizaciones correspondientes, equipos médicos que carecían de registro sanitario del Invima, historias clínicas con aparentes inconsistencias, además de facturas elaboradas manualmente y dinero en efectivo.
Todo el material decomisado será analizado por especialistas para determinar su composición y establecer el nivel de riesgo al que pudieron haber estado expuestos los pacientes.
De manera paralela, las autoridades realizaron una inspección a una IPS que, según la investigación, estaría relacionada con la atención médica de personas que previamente se practicaron procedimientos en los establecimientos intervenidos. Las diligencias hacen parte de las acciones encaminadas a esclarecer posibles responsabilidades y proteger la salud de los ciudadanos.