El pasado 25 de junio, el presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó un ultimátum a los grupos armados ilegales del país, estableciendo un plazo de un mes para que “organicen su sometimiento al Estado de derecho”.
En palabras del mandatario de lema Firmes por la Patria, no habría “ofertas generosas ni concesiones inaceptables”, lo que marcó una postura firme ante los continuos conflictos armados que afectan a Colombia.
Ante esta declaración, el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, respondió el 29 de junio mediante una carta de cuatro puntos dirigida al nuevo presidente, en la que plantea sus condiciones y perspectivas respecto a este proceso.
Para el Clan del Golfo, el debate central no radica en decidir si se someterán o no a la justicia, pues reconocen que dicho sometimiento será “inevitable” en algún momento. Sin embargo, insisten en que el verdadero desafío está en determinar bajo qué condiciones jurídicas y de seguridad se llevará a cabo este proceso.
“La cuestión no radica en si nos acogemos a la justicia —conscientes estamos de que esto será inevitable en algún momento—, sino en las condiciones bajo las cuales lo haremos”, señalan en la misiva.
Enfatizan la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y personal, así como las garantías para que sus combatientes de base y las comunidades fieles a ellos no sigan sufriendo “el olvido perpetuo del Estado”.
Uno de los puntos más relevantes de la carta es la crítica al marco jurídico vigente para un eventual sometimiento. El Clan del Golfo sostiene que las herramientas legales actuales son insuficientes para brindar garantías adecuadas a una organización de su envergadura y alcance.
Por ello, plantean la urgencia de diseñar un esquema normativo que permita una transición con seguridad jurídica, verdad, reparación y garantías de no repetición. Según el EGC, “debería existir una ley que garantice —en un plazo razonable e improrrogable— seguridad jurídica, verdad plena, reparación efectiva y garantías de no repetición; no un proceso eterno que ha sostenido una burocracia absurda, pero ha producido escasa restauración del daño”.
En relación con esta postura, el Clan del Golfo toma como referente el proceso de Justicia y Paz llevado a cabo tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Denuncian que, 21 años después de aquel proceso, muchos exintegrantes aún no pueden acceder a derechos elementales como abrir una cuenta de ahorros, tener acceso a salud digna o ejercer derechos políticos plenos, lo que evidencia la insuficiencia y limitaciones del marco legal implementado en su momento. Este antecedente les sirve para argumentar la necesidad de crear un nuevo mecanismo que evite repetir estas fallas y brinde una solución integral y justa.
Además de expresar sus preocupaciones legales y de seguridad, el Clan del Golfo reitera su disposición a continuar con las conversaciones de paz. En su carta, aseguran estar “listos, Señor Presidente” para avanzar en un proceso que consideran fundamental para poner fin a tantos años de conflicto. Solicitan la designación de un comisionado de paz por parte del nuevo gobierno y manifiestan su interés en mantener el acompañamiento internacional durante el eventual proceso de sometimiento. Esta petición subraya la importancia que le otorgan a la transparencia y al cumplimiento de garantías externas que den credibilidad al mecanismo propuesto.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que el grupo ilegal se muestra abierto al diálogo. En un mensaje previo dirigido al presidente electo, el Clan del Golfo ya había manifestado que los resultados electorales del 21 de junio no modificaban su disposición para permanecer en la mesa de negociación. En esta nueva comunicación, además, amplían su invitación para que los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido se vinculen a las conversaciones, buscando un apoyo más sólido que fortalezca la confianza y el éxito del proceso.
En resumidas cuentas, la respuesta del Clan del Golfo al ultimátum del presidente Abelardo de la Espriella revela una postura estratégica y cautelosa frente a un posible sometimiento al Estado de derecho. Reconocen la inevitabilidad de entregarse a la justicia, pero condicionan este paso a la existencia de garantías jurídicas, de seguridad y de reparación que protejan a sus miembros y comunidades.
Su llamado a un nuevo marco legal efectivo y a la inclusión de actores internacionales destaca la complejidad del reto que enfrenta Colombia en la búsqueda de una paz duradera. La disposición al diálogo expresada por el grupo ofrece una oportunidad que, de ser aprovechada con responsabilidad y compromiso de todas las partes, podría marcar un avance significativo hacia la reconciliación nacional y la superación del conflicto armado.