Colombia enfrenta un 2026 marcado por una seguidilla de accidentes aéreos que han dejado víctimas, conmoción nacional y cuestionamientos sobre la seguridad en la aviación. En menos de tres meses, tres hechos de alto impacto han puesto bajo la lupa tanto a la aviación civil como a la militar.
El primer caso ocurrió el 10 de enero, cuando falleció el cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. La avioneta en la que viajaba se precipitó a tierra pocos minutos después del despegue, tras perder altura de manera repentina.
De acuerdo con reportes preliminares de la Aeronáutica Civil, el impacto fue violento y provocó una explosión debido a la ruptura de los tanques de combustible. La muerte del artista generó una fuerte reacción en el país y abrió interrogantes sobre los controles técnicos en vuelos privados.
Semanas después, el 28 de enero, se registró una segunda tragedia. El vuelo 8849 de SATENA, que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, se estrelló en una zona montañosa de Norte de Santander. En la aeronave viajaban 15 personas y no hubo sobrevivientes.
Entre las víctimas se encontraba el congresista Diógenes Quintero, lo que incrementó el impacto político del hecho. Las primeras hipótesis señalaron factores como el clima y la compleja geografía de la zona, aunque las autoridades continúan evaluando otras posibles causas del siniestro.
El episodio más reciente se registró el 23 de marzo, cuando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, poco después de despegar. La aeronave transportaba a más de un centenar de militares en una operación de traslado de tropas.
Con el paso de las horas, el balance de víctimas se ha ido actualizando. El gobernador Jhon Gabriel Molina Acosta confirmó que el número de fallecidos ascendió a 48, mientras que varias personas continúan sin ser ubicadas y decenas reciben atención médica en diferentes centros de salud.
Según los reportes, decenas de heridos fueron trasladados al Hospital Militar Central en Bogotá, mientras otros permanecen en centros asistenciales de Florencia y Puerto Leguízamo. Las autoridades han logrado establecer la situación de más de un centenar de ocupantes, en medio de un operativo de rescate que continúa.
Este último accidente elevó la preocupación, al tratarse de una aeronave militar de gran capacidad, utilizada para transporte táctico pesado. Además, evidenció las dificultades logísticas que implica atender emergencias de gran escala en zonas apartadas del país.
Aunque cada caso responde a contextos distintos (aviación privada, vuelos regionales y operaciones militares), en conjunto han generado una alerta sobre las condiciones operativas y los sistemas de control en la aviación colombiana.