El estudio técnico que servirá de base para la reorganización del Transporte Público Colectivo (TPC) en Cali sigue generando cuestionamientos entre representantes del gremio transportador. Uno de los principales reparos apunta a las condiciones bajo las cuales fue elaborado el estudio contratado por la Secretaría de Movilidad y desarrollado por la Universidad del Valle.
Según Liliana Velasco, gerente del convenio TuCali y representante del TPC, el principal problema es que “el estudio adelantado por la Universidad del Valle parte de una base que es la misma Secretaría de Movilidad quien entrega una restricción, un condicionamiento, y es que ese estudio de movilidad tenía que respetar un óvalo o polígono de exclusividad a favor del sistema masivo”. Esto, advierte, dejará a cerca de dos millones de habitantes de las comunas 2 a la 19 dependiendo únicamente del MÍO.
Velasco ilustró la gravedad de la situación con casos del convenio TuCali: Ermita pasaría de seis rutas habilitadas a dos y reduciría su flota de entre 120 y 130 vehículos a solo 29.
También mencionó que las empresas Montebello, Alameda y Decepaz pasarían de tres rutas a una, mientras que Villanueva operaría con apenas siete vehículos, pese a tener capacidad para 32. “Con 7 carros como empresa, no es viable. La empresa deja de ser viable”, sentenció Velasco.
Ante esto, hizo un fuerte llamado al impacto social: “¿Cuántos empleos se pierden? ¿Cuántas familias se van a ver afectadas por esas decisiones?”. Además, cuestionó la ausencia de un análisis de costos, afirmando que “no sabemos si realmente la modelación hecha, los trazados de esas rutas van a tener un punto de equilibrio para que los empresarios asuman esa transición”.
En las mesas de negociación instaladas tras las protestas del gremio, el TPC ha puesto sobre la mesa peticiones claras. Piden “que se revise el impacto del anillo de exclusividad, porque eso va a afectar a toda la ciudad”.
Velasco advirtió que, de no hacerse bien, “termina siendo peor la cura que la enfermedad, y los usuarios, ante un sistema nuevo como este, prefieren optar por otros modos de transporte: las motos, las plataformas o el transporte ilegal”.
Fruto de estos acercamientos, el gremio ha logrado que se proyecten actos administrativos para derogar el decreto de “reducción de oferta”, reglamentar el sistema de transporte complementario y avanzar en la resolución de “descongelamiento del parque automotor”.
Sin embargo, Velasco alertó sobre una nueva traba en este último borrador, el cual exige que los vehículos que ingresen no tengan más de 10 años de antigüedad, algo que consideran irrealizable porque “en el mercado no se encuentran vehículos de esa edad fácilmente. (...) No hay una buena oferta de esos carros de segunda para poderlos traer, adicional al costo que esto representa. Estamos tratando de llegar a un consenso con la Secretaría de Movilidad para que se modifique esa exigencia de que sean vehículos de 2016 en adelante”.
La respuesta de la Universidad del Valle
Ante los señalamientos, Ciro Jaramillo, representante de la Universidad del Valle, compareció el 8 de julio ante el Concejo de Cali para aclarar el rol de la academia.
Jaramillo fue enfático en que la universidad se limitó a cumplir estrictamente con el alcance del contrato y los términos de referencia estipulados por la Secretaría de Movilidad.
Respecto a la falta de un análisis de costos, aclaró: “El alcance de nuestro contrato no tenía contemplada la parte financiera, (...) el estudio nuestro era el modelo operacional y técnico”.
De igual forma, explicó que los camperos (gualas) no fueron incluidos porque el objeto del estudio se enfocaba exclusivamente en el TPC tradicional.
Frente a la controversia del anillo de exclusividad, Jaramillo precisó que la universidad no impuso esta figura por voluntad propia. “Teníamos que movernos y estar enmarcados en la regulación y en la normativa vigente, que es una zona de exclusividad”, explicó.
La postura de la Secretaría de Movilidad
Para responder a las inquietudes del gremio y de los concejales, el subsecretario de Movilidad, Carlos Santacoloma, intervino en la sesión plenaria defendiendo la hoja de ruta de la administración.
Santacoloma aseguró que el propósito central es implementar un Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público donde coexistan el masivo, el TPC y los camperos, brindándoles un sustento técnico y jurídico.
El subsecretario justificó que la exclusión de los camperos en este primer estudio se debió a que operan bajo una modalidad diferente (transporte mixto). “Si nosotros hubiéramos dejado todo en un solo estudio el año pasado, probablemente a esta hora no habríamos estado en este momento donde ya tenemos la posibilidad de reestructurar algunas rutas exclusivamente del TPC”, argumentó.
Finalmente, para dar un parte de tranquilidad a la comunidad de la zona de ladera y a los transportadores, Santacoloma anunció que ya se encuentra en proceso de contratación la segunda fase de los estudios, enfocada en los camperos, la cual se espera adjudicar a más tardar en el mes de agosto.
“Aquí ninguno de nosotros, ni la Secretaría de Movilidad, ni la Administración, ni el Alcalde, nadie ha dicho que se van a terminar ni los unos ni los otros”, concluyó el funcionario.
La Contraloría entra a investigar
Durante la plenaria, Luz Arianne Zúñiga, contralora encargada del distrito de Santiago de Cali, anunció el inicio de una auditoría especial al contrato suscrito entre la Secretaría de Movilidad y la Universidad del Valle.
Según Zúñiga, el contrato, que tuvo un valor de 1700 millones de pesos, será revisado para evaluar su objeto contractual.
Como parte de este proceso de supervisión y control social, la Contraloría ha convocado a la ciudadanía y a los transportadores a una Audiencia Pública que se llevará a cabo el próximo 12 de agosto de 2026, a las 5:00 p. m., en las instalaciones de la Escuela Nacional del Deporte.