La polémica por la entrega de tierras en el Valle del Cauca escaló luego de que la gobernadora Dilian Francisca Toro respondiera a los señalamientos del director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, quien había cuestionado la supuesta falta de voluntad política en la región.
La mandataria rechazó de manera directa las afirmaciones del funcionario nacional, asegurando que no corresponden a la realidad del territorio. A través de un pronunciamiento público, sostuvo que sí ha existido coordinación institucional y que su administración ha mantenido disposición para avanzar en los procesos de adjudicación de tierras.
La controversia surgió luego de que Harman indicara que las relaciones con autoridades locales han sido difíciles y que, de existir mayor articulación, el Valle del Cauca podría liderar la entrega de predios en el país. También mencionó cifras de hectáreas entregadas y otras aún bajo administración estatal.
Frente a esto, Toro afirmó que dichas declaraciones no reflejan el trabajo que se ha venido realizando desde la Gobernación. En su respuesta, enfatizó que en el departamento existen múltiples comunidades que esperan acceso a tierras, lo que convierte este tema en una prioridad social.
La gobernadora detalló que al menos 86 comunidades afrodescendientes y 16 comunidades indígenas han solicitado adjudicación de predios en el Valle del Cauca. Según indicó, varias de estas poblaciones enfrentan condiciones complejas mientras esperan soluciones por parte del Estado.
En ese contexto, también cuestionó la asignación de tierras a comunidades provenientes de otros departamentos, señalando que esto ha generado inconformidad en el territorio. Para la mandataria, es fundamental que se priorice a quienes habitan en el departamento y llevan años esperando una respuesta.
Además, insistió en que desde su administración se han promovido espacios de diálogo y propuestas concretas para avanzar en la Reforma Agraria. Sin embargo, aseguró que la falta de articulación con la Agencia Nacional de Tierras ha dificultado el desarrollo de estos procesos.
Desde la Gobernación se indicó que incluso se han enviado solicitudes formales y propuestas de trabajo conjunto que no han recibido respuesta. Esta situación, según advirtió Toro, ha impedido avanzar en soluciones estructurales para las comunidades rurales.
El panorama en el departamento incluye decenas de procesos pendientes relacionados con retorno, reubicación y restitución de tierras. También se han identificado múltiples conflictos asociados a la tenencia de predios, lo que aumenta la presión sobre las instituciones encargadas de dar respuestas.
Autoridades regionales han alertado que el estancamiento en la entrega de tierras podría derivar en mayores problemas de orden público, especialmente en zonas rurales donde persisten tensiones entre comunidades.