La denuncia que publicó El País el pasado 19 de febrero sobre dos convenios de la Sociedad de Mejoras Públicas, SMP, con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, sobre los cuales la Contraloría y la Personería tienen serios reparos, es sólo la punta del ‘iceberg’.

La denuncia que publicó El País el pasado 19 de febrero sobre dos convenios de la Sociedad de Mejoras Públicas, SMP, con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, sobre los cuales la Contraloría y la Personería tienen serios reparos, es sólo la punta del ‘iceberg’.El País tuvo acceso a un listado con los doce convenios, por un total de $5.516 millones (ver foto), que hasta ahora han encontrado las autoridades en sus pesquisas. Convenios que fueron firmados entre el 2008 y el 2010 por la Alcaldía, a través de distintas dependencias como las secretarías General, de Bienestar y de Cultura, así como Planeación y el Dagma, con la SMP y que de esta forma evadieron salir a licitación pública o concurso de méritos.Convenios de diverso objetoLlama la atención que dichos convenios tienen finalidades muy diferentes. Por ejemplo, el primero que firmó la SMP en el 2008 fue con la Secretaría de Cultura por $25 millones y su objeto era realizar “talleres de comprensión y práctica de cultura ciudadana para la convivencia y el desarrollo de una ciudadanía consciente”.En el 2009 hay otro convenio, pero esta vez a la SMP le encarga la misma Secretaría de Cultura que realice el “Concierto Nacional para la celebración del 20 de julio”; acto para el cual la entidad recibió $100 millones. Y el año pasado la SMP consiguió otros $159 millones, pero esta vez debía encargarse de “descontaminar el río Aguacatal mediante el suministro e instalación de tubería”.Para desarrollar los doce convenios, la SMP cuenta con una nómina que no supera la docena de empleados y la mayoría son administrativos.“Nosotros tenemos toda la experiencia de los miembros de la Junta Directiva, donde hay ingenieros, arquitectos, en fin, toda una serie de expertos que nos respaldan”, dijo recientemente a este diario Sandra Collazos, directora ejecutiva de la entidad y quien firma los convenios.Pese a su explicación, uno de los señalamientos que mantuvo en firme la Contraloría es por la falta de capacidad y experiencia para desarrollar el objeto de los convenios por parte de la SMP.En el caso de la construcción de la estación de transferencia de escombros y el centro de aprovechamiento de residuos sólidos, según el ente de control, “la SPM subcontrato el 86% de las obras, lo cual la convierte en un intermediario más que en un operador de los convenios”.Otro punto polémico tiene que ver con la modalidad escogida, ya que en los convenios administrativos como los que ha firmado la SMP, ambas partes deben poner recursos, lo cual quiere decir que en los últimos tres años la Sociedad de Mejoras Públicas habría correspondido por toda esa contratación con $551 millones de sus propios recursos. “Nuestra parte la ponemos en especie, o sea, con el trabajo de los profesionales a nuestro servicio, lo cual tiene un costo para cada proyecto”, explica Collazos.Alma Carmenza Erazo, Contralora de Cali, le confirmó ayer a este diario que ya ordenó iniciar auditorías para cada uno de los convenios denunciados pero que no daba más declaraciones por la reserva que debe tener como investigadora.Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó que no se pueden estigmatizar los convenios interadministrativos y añadió que la ley los contempla como herramientas de gestión, que incluso le ahorran dinero al Municipio. “Creo que la SMP es una entidad versátil, que le aporta al desarrollo de la sociedad caleña y tiene entre sus objetos misionales muchas tareas”, añadió el Mandatario.