Corredores viales como las avenidas Simón Bolívar y Ciudad de Cali, al igual que las entradas y salidas de la zona de las comunas 1, 18 y 20, en la ladera de la ciudad, son las zonas de Cali donde más se están reportando sanciones por ‘piratería’.

En lo que va del 2020 los agentes de tránsito han impuesto 852 comparendos a conductores que fueron detectados prestando el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos particulares o que no cuentan con las condiciones de ley para estos menesteres.

Según los registros del Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, de las sanciones que se han notificado este año, 736 fueron impuestas a conductores de vehículos particulares y 116 a carros de servicio público que se dedicaban a servir como taxis colectivos o a ‘urbanear’ (término usado por las rutas intermunicipales que recogen pasajeros en zonas no autorizadas a su paso por la ciudad).

De acuerdo con el subsecretario de Servicios de Movilidad, Edwing Candelo, los controles son realizados diariamente por 50 agentes en donde más se ha identificado el fenómeno. No obstante, hay ocasiones en las que se requiere apoyo de la Policía Metropolitana cuando el control implica riesgo para los guardas de tránsito.

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“Estamos contrarrestando el fenómeno con operativos de impacto. Por eso hemos abarcado todas las zonas y ‘terminalitos’ de la ciudad, en aras de disminuir esa oferta de vehículos. Abordar este tipo de conductores es más complejo, porque nos toca demostrar que están haciendo algo que es ilegal, lo que demanda más agentes y logística”, esgrimió Candelo.

El funcionario hizo un llamado es a los usuarios para que eviten subirse a estos vehículos, “que representan un riesgo porque no cuentan con las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, por lo cual, en el momento de un accidente, los ciudadanos quedan desamparados”.

Piden intensificar controles

Pese a las afirmaciones de Candelo y el reporte de sanciones impuestas en lo corrido del presente, desde varios sectores de la ciudad se hizo un llamado a intensificar los operativos contra el transporte informal. De un lado están los taxistas, quienes reclaman; pero de otra parte son algunos vecinos de zonas residenciales que reclaman porque la presencia de ‘terminalitos’ dentro de sus barrios ha entorpecido la movilidad.

Óscar Villera, líder del gremio taxista, señaló que la oferta de vehículos ‘piratas’ se ha masificado y que se requieren mayores controles para ponerle coto al transporte informal.

“Los operativos son muy esporádicos, son pocos. Los ‘piratas’ están en todo Cali, pero hacen falta controles en sitios donde los guardas ya saben que los particulares recogen gente y no actúan, como en la Calle 6 con Carrera 11, en la Calle 13 con Carrera 10, en Jardín Plaza, en la Avenida Ciudad de Cali, en Valle del Lili; en esos puntos nunca se ven operativos”, afirmó Villera.

Durante febrero de este año se realizaron 366 comparendos, 24 más que el mismo mes del 2019.

De acuerdo con el taxista, aunque hay un gran impacto con los transportadores informales que recorren las calles buscando pasajeros, son los de las aplicaciones móviles los que más estarían golpeando sus ingresos.

“Ellos son quienes se quedan con los mejores servicios y los guardas no los detectan. Ahora el problema es que muchos se han salido de las aplicaciones y han mutado a grupos de WhatsApp y Zello, por ahí es por donde se están quedando con los clientes”, dijo el taxista.

Por su parte, Daniela Roldán, residente del barrio Caldas, dijo que los mototaxistas “antes se ubicaban sobre el andén de la Carrera 70 y era difícil caminar porque eran más de cien motos ocupándolo, pero ahora parquean sobre el andén y la vía, ya los carros no pueden ni andar; lo peor es que los gradas nunca vienen por aquí”.

Según el Código Nacional de Tránsito, prestar el servicio de transporte informal corresponde a una sanción de 30 salarios mínimos diarios, lo que equivale a $980.640.

Además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado y la licencia de conducción del sancionado puede ser suspendida. (Ver recuadro).

Sobre la cancelación de las licencias
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Aunque el Código Nacional de Tránsito advertía una suspensión de la licencia de conducción por 25 años a los conductores de transporte informal, el año pasado la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la norma que refería dicho castigo.

La determinación se tomó teniendo en cuenta que dicha infracción no podía tener un castigo equivalente al que tienen los conductores que manejan bajo la influencia del alcohol.

Así las cosas, se estableció una suspensión de la licencia de conducción por tres años a quienes sean sorprendidos prestando el servicio de transporte informal.

Aunque los carros son los más sancionados por adoptar servicios para los que no están autorizados, las motocicletas también están en la mira de las autoridades.

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