Residentes del barrio Cañaveralejo Seguros Patria II cuestionan la intervención en la Carrera 63A entre calles 6A y 9. Aseguran que la pavimentación que solicitaron transformó lo que usaban como una vía vehicular en un paso peatonal. Mientras tanto, la Administración sostiene que cumple una orden judicial que ratifica su carácter exclusivo para peatones.

Un residente, testigo del proceso, afirmó que “el 13 de marzo el juez dictó un auto interlocutorio y dio de nuevo la sentencia; que deben hacer lo que ahí especifica, de pavimentar y darnos paso a los vehículos”. Lo anterior se realizó dentro de la acción popular radicada bajo el No. 76001-33-33-005-2021-00051-00.

Dentro de sus peticiones, la comunidad cuestiona la ubicación de elementos como postes dentro de zonas que, según explica, corresponden a antejardines. “No pueden estar dentro de los antejardines, nos deben respetar el espacio”, aseguran.

Y es que, según su versión, la comunidad esperaba que la obra siguiera parámetros distintos. “No entendemos por qué no nos quieren hacer la vía tal como dictó la sentencia, que fue lo que solicitó la comunidad”.

¿Vía peatonal o vehicular?

Tras ser consultada por este medio, la Secretaría de Infraestructura indicó que la obra responde al cumplimiento de una acción judicial que ordena la rehabilitación del espacio como vía peatonal.

“Se trata de una vía peatonal, condición que ha tenido históricamente y que está definida en el esquema vial”, lo cual ha sido reiterado en distintos espacios con la comunidad.

Asimismo, precisó que “esta vía nunca ha sido vehicular” y que la intervención actual se ajusta a lo dispuesto por un juez, quien ordenó explícitamente su recuperación en esa condición.

En ese sentido, la Administración sostiene que no tiene competencia para modificar el uso del suelo ni el diseño vial establecido por planeación.

La Secretaría de Infraestructura asegura que la intervención cumple una orden judicial, pero la comunidad sigue cuestionando la pérdida de acceso vehicular. | Foto: Andrey Mosquera / El País

Cabe señalar que, según los documentos legales aportados por la comunidad, los residentes sostienen que se trata de una “vía mixta peatonal y vial por su ancho”, uso que, afirman, se había mantenido de manera continua desde la creación del barrio.

Al respecto, Carlos Alberto Garzón, residente del sector desde hace 20 años, explicó que el impacto también es funcional. “A mí me interesa que me dejen llegar a mi casa con mi vehículo, como lo hemos hecho por más de 40 años”, afirmó. Según su testimonio, el acceso vehicular ha sido una constante histórica, incluso para actividades comerciales que operan en el lugar.

Además, Garzón añadió que la falta de ingreso vehicular afecta servicios básicos. “En este momento no está entrando el carro de la basura; antes sí pasaba y ahora nos toca salir a la esquina”.

A medida que avanzan las obras, la comunidad pide revisión y socialización del proyecto para garantizar sus derechos de acceso vehicular. | Foto: Andrey Mosquera / El País

Por su parte, los habitantes advierten que el rediseño del espacio podría agravar problemáticas de seguridad en la zona. “Hemos tenido que luchar para sacar a las personas de la calle… nos han intentado robar”, dijo otra comerciante del lugar, quien agregó que la instalación de elementos como materas o zonas de estancia podría facilitar la permanencia de personas en situación de calle.

“Para nosotros es muy dispendioso que nos pongan unas materas aquí… Va a ser como un parque y no nos va a servir porque entonces va a haber un escondite de delincuentes”, sostuvo.

La autoridad judicial especifica que la zona debe ser recuperada como espacio peatonal. | Foto: Cortesía a El País

Además, la sentencia aclara que esta vía “se encuentra clasificada como una vía peatonal de 11.00 metros, de acuerdo con los planos urbanísticos que reposan en el Departamento Administrativo de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Municipio de Cali”.

Sobre la sentencia

Por otro lado, El País pudo conocer que el proyecto contempla restricciones adicionales. Entre ellas, la presencia de un árbol en el tramo intervenido, el cual debe ser protegido conforme a la normativa ambiental vigente.

De acuerdo con la Secretaría, estos elementos, sumados a los lineamientos del esquema vial, determinan el alcance de la intervención. “No podemos entrar a cambiar el esquema vial de una vía”, indicaron, al explicar que dichas decisiones corresponden a instancias de planeación y movilidad.

A medida que avanzan las obras, la comunidad solicita un seguimiento más cercano del proyecto para garantizar que se respeten sus derechos históricos de acceso. Las labores continuarán y se espera que la intervención concluya según lo previsto.