Sigue creciendo la indignación de gran parte de la ciudadanía caleña por un video que dejó en evidencia a una pareja que intentó llevarse una iguana del humedal El Retiro, sur de la capital del Valle.
Ante esta clara vulneración de la biodiversidad de la ciudad, desde el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) se pronunció rechazando tajantemente dicho comportamiento.
“A propósito de un video que se ha vuelto viral en redes sociales, donde una persona aparece llevándose una iguana, desde el Dagma hacemos un llamado a la ciudadanía. Las iguanas son fauna silvestre y deben permanecer en su hábitat natural”, sostuvo Andrés Felipe Niño Fajardo, subdirector de Gestión de Calidad Ambiental del Dagma.
El funcionario destacó las características físicas del reptil y cuál es su función dentro del ecosistema donde se encontraba. Asimismo, enfatizó que hay personas que se llevan este tipo de animales para el consumo de su carne y la explotación de su piel.
“Pueden alcanzar hasta 1 metro con 50 centímetros de longitud y cumplen un papel clave en los ecosistemas, siendo de los pocos herbívoros que habitan en las copas de los árboles en bosques tropicales. Aunque algunas personas las consumen o utilizan su piel y existen prácticas de cría para comercio, su captura o tenencia sin autorización afecta la biodiversidad y pone en riesgo su supervivencia”, argumenta el experto.
Por último, Niño explicó que las personas que sustraigan iguanas u otro tipo de fauna que se encuentra en lugares como humedales, parques o zonas protegidas están incurriendo en una falta a la ley.
“Es importante recordar que estas acciones pueden generar sanciones de acuerdo con la ley 2387 del 2024. Desde el Danma, invitamos a respetar, proteger y convivir con esta fauna silvestre. Cuidar las iguanas es cuidar la vida”, concluyó el funcionario.
Es importante destacar que la Ley 2387 de 2024 actualiza el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia para dotar a las autoridades de herramientas más ágiles y severas contra los infractores, destacando un incremento drástico en las sanciones económicas.
El cambio más significativo es el aumento del tope máximo de las multas, que pasó de 5,000 a 100,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) según la gravedad de cada caso.
Si el infractor no tiene capacidad económica, la multa puede reemplazarse por cursos obligatorios de educación ambiental o trabajo comunitario.
En el caso que desató toda la polémica, las personas no lograron llevarse al animal gracias al llamado de una ciudadana que los comenzó a grabar, obligando a que la pareja dejara al animal en el lugar y se fueran del humedal.