Lograr eliminar el consumo de sustancias psicoactivas de entornos escolares y otros espacios públicos no solo pasa por la acción de la Fuerza Pública, sino que su éxito requerirá de una robusta campaña pedagógica con todos los grupos de la sociedad caleña.
Así concluyeron analistas en seguridad y asuntos sociales, quienes reconocieron que el decreto 0125 de 2024 emitido por la Administración va en la dirección correcta.
“Que tenga 100 % de cobertura en la Cali de hoy es muy poco probable, es como el decreto del parrillero hombre, existe, pero controlarlo es casi que utópico porque la gente, en su imaginario, automáticamente piensa que la seguridad es Policía, Ejército, Tránsito y ya, pero se ignora que otro porcentaje son las campañas de prevención y de cultura”, argumentó el consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, Iván Carvajal.
Sin desconocer lo importantes que serán los operativos policiales y los comparendos que se impondrán, el especialista señaló que la Alcaldía deberá llegarle a la gente en los barrios con otro tipo de oferta, que incluya la prevención del consumo de sustancias a través de actividades lúdicas y culturales.
Sobre este asunto, Holbein Giraldo, sociólogo y docente de las universidades del Valle y la Libre consideró que también debe lanzarse una “verdadera” campaña de prevención del consumo desde las instituciones educativas de la ciudad, por su impacto en la formación de las juventudes afectadas.
“Debe haber una cátedra en las escuelas, colegios y universidades sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas, al igual que debe ser un proyecto transversal al currículum y debe ser manejado por un profesional experto en el tema”, comentó.
En el firmado decreto, la Alcaldía sí reconoce la necesidad de un tratamiento en Salud Pública a través de la Política Distrital de Salud Mental, Convivencia Social y Abordaje de Consumo de Sustancias Psicoactivas.
Al respecto y sin revelar mayores detalles, el artículo Quinto dice que se trabajará en la generación de capacidades comunitarias y factores protectores frente al consumo.
También manifiesta que las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y los actores de las redes de prestadores de servicios de salud deberán fortalecer la accesibilidad a la oferta de salud mental con énfasis en la prevención al consumo. Estos puntos fueron los destacados por los expertos como los mayores retos del decreto, por lo que indicaron que resta ver cómo se aplican y si logran su cometido en los próximos meses.
Sobre el decreto
La Alcaldía de Cali dispuso que no se podrá consumir sustancias psicoactivas, ni siquiera la dosis personal, en aquellos espacios en que se pueda perjudicar a niños, adolescentes o familias.
Estos son: centros educativos, centros deportivos, iglesias o lugares de culto religioso, parques, zonas históricas o declaradas de interés cultural del Distrito de Santiago de Cali.
El decreto explica que el área de restricción comprenderá un perímetro de 200 metros circundantes a los espacios ya mencionados, y que la prohibición de la que trata el documento aplicará durante las 24 horas del día, es decir que será permanente.
Los ciudadanos que infrinjan lo estipulado en el decreto serán sancionados con una medida correctiva tipo 4, es decir, un comparendo que cuesta $ 693.333. Además, los uniformados de la Policía, inspectores de Policía, corregidores de las zonas rurales y autoridades especiales serán los encargados de aplicar las medidas en el terreno.
La receptividad del documento ha sido positiva. Además de las diferentes voces de la ciudadanía que estaban esperando su publicación, el representante a la Cámara por el Valle Christian Garcés también se pronunció.
“Celebramos el decreto 0125 de Alejandro Eder y Jairo García que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas (...). Trabajemos juntos por proteger a nuestros niños, jóvenes y familias”, publicó el congresista en la red social X.
A su turno, el concejal de Cali Roberto Ortiz dijo que celebrará cualquier medida destinada a proteger a los niños, niñas y adolescentes.
Pero enfatizó en la importancia de mantener la persecución a las bandas de microtráfico que se han asentado en el territorio, mientras pidió que los operativos en el marco del nuevo decreto no se queden solo en una multa.
“Es necesario acompañar a los consumidores para que abandonen esta terrible práctica y puedan mejorar su calidad de vida”, manifestó.
¿Por qué se reguló?
El Código de Infancia y Adolescencia, expedido en 2006, sostiene en su artículo 20 que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos del consumo de sustancias psicoactivas, así como de estupefacientes, alcohol y otros.
Luego, la sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional resolvió que debían ser las autoridades locales quienes regularan el consumo de las sustancias en los espacios públicos. Para este caso, la Alcaldía de Cali.
El Ministerio de Justicia emitió el año pasado una orden de cumplimiento a las determinaciones tomadas por la Corte. Cali y otras 11 ciudades del país ya se ciñeron a través de la firma de estos decretos.