La tragedia que está viviendo Colombia y, especialmente, el Valle del Cauca, no solo deja dolor en las familias por las vidas perdidas, sino que también afecta emocional y económicamente a los que sobreviven al impacto de la naturaleza.
Las cifras dan cuenta de la magnitud del desastre y cada día estas aumentan, tanto en número viviendas colapsadas y afectadas parcialmente, como en instituciones educativas, comunales y carreteras.
Reconstruir será todo un reto y, dependiendo de cómo se haga esta tarea, los caleños y vallecaucanos podrán salir adelante rápidamente de esta prueba.
Julio César Alonso, profesor de Economía de la Universidad Icesi, comentó que en materia de impacto económico se pueden presentar varios escenarios. En el corto plazo, es un aumento del desempleo en la ciudad y en la región, esto por cuenta de la afectación en los sectores de comercio y pequeños negocios.
“Vamos a tener un problema de empleo, a muchos locales, consultorios médicos, tiendas, panaderías, pymes se les dañó la maquinaria o el lugar de trabajo y no podrán operar por un tiempo, es decir, hay una pérdida del aparato productivo”, comentó.
Un ejemplo de esto lo vivió Karem Castro, fisioterapeuta independiente, quien tenía un local en la calle Novena con carrera 46, el cual sufrió graves daños. Ella estima las pérdidas entre $180 millones y $200 millones por los equipos que tenía en el local. “Soy profesional independiente y este era mi sustento”, le dijo a El País.
Las cifras preliminares de la Secretaría de Desarrollo Económico del Valle indican que, hasta ahora, hay reportados 1219 unidades productivas o negocios afectados por el terremoto, los cuales generaban unos 4000 empleos.
Jerson Eduardo Valencia Arango, titular de esta secretaría, explicó que, según los primeros cálculos, las pérdidas de esos 1219 negocios suman un poco más de $33.700 millones.
De esa cifra, se han reportado afectados 221 unidades productivas en Cali y uno de los municipios más impactados en el norte del Valle es La Unión, con 119 negocios con algún tipo de avería ($4300 millones en pérdidas); en Roldanillo, el censo va en 105, los cuales estiman unas pérdidas por $9400 millones.
De igual manera, en Zarzal se reportaron 103 negocios con daños, con una estimación de pérdidas de $1449 millones, y en Buenaventura se cuentan 103 unidades productivas con averías y daños proyectados en $4442 millones.
Jerson Valencia informó que se reunió con el Ministro de Comercio y se habló de la posibilidad de implementar alivios tributarios en materia de predial y de industria y comercio para el sector empresarial afectado, así como disponer de créditos condonables para el sector productivo.
Una segunda fase del proceso de recuperación de las ciudades afectadas es la reconstrucción. El profesor Julio César Alonso dice que, basado en lo que ha pasado en otras regiones que han vivido este tipo de tragedias, lo que se podría esperar es un boom de la construcción y del empleo en ese campo.
“Dependiendo de la reacción de las autoridades, y los recursos disponibles, habrá, en el mediano plazo, un aumento en la mano de obra en este sector y posiblemente una migración de empresas y personas de otras regiones hacia el Valle del Cauca”, comentó.
Pero, insistió Alonso, en que todo dependerá de la reacción de los gobiernos nacional y regional, la planeación, los subsidios, las ayudas y la ejecución de los proyectos. Por ello, recomienda que un punto clave para la ciudad de Cali será la inversión pendiente de obras de infraestructura, correspondientes al empréstito que tiene por ejecutar la administración, las cuales considera deben agilizarse, además, de promover alternativas de estímulos tributarios, como se hizo en el pasado con la Ley Páez, que atrajo mucha inversión al norte del Cauca.
“Es muy temprano para saber cuánto puede costar la reconstrucción de Cali, el Valle del Cauca y de los otros departamentos, porque si se piensa en grande, eso puede valer mucho”, añadió.
Algunos economistas se han atrevido a dar las primeras cifras y aseguran que el país necesitará recursos cercanos al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), eso implica unos $20 billones.
Ya el Gobierno ha mencionado que podría contar con unos US$450 millones, provenientes de ayudas de entidades de la banca multilateral como la CAF y el Banco Mundial, más las millonarias donaciones que ya anunciaron varios países, pero también deberá disponer de una buena cantidad de recursos del presupuesto nacional, de los cuales aún no se podría estimar cuánto llegaría al Valle.
Por ahora, se decretó la Emergencia Económica y se creó el Fondo Milagro que administrará los recursos de donaciones y de los que disponga el Gobierno que ya determinó, para los más de 40.000 damnificados en Colombia, el pago de subsidios de arrendamiento, alivios en el pago de servicios públicos, medidas de alivio tributario y apoyos económicos para los comerciantes y empresarios que también viven una crisis por cuenta de la tragedia.
Viviendas que se requieren
El censo de hogares y negocios afectados por el terremoto crece cada día. Según los datos del pasado viernes, en Colombia se perdieron 10.677 viviendas y otras 65.841 sufrieron averías considerables.
De acuerdo con Fasecolda, Colombia tiene todavía una brecha importante de protección frente a eventos catastróficos. En datos preliminares, a marzo de 2026, solo el 9,3 % de las viviendas del país se encontraban aseguradas.
En el caso de Cali, aseguró el gremio, que a marzo de este año se identificaron 99.179 hogares asegurados por más de $21 billones.
“Si ampliamos un poco la visual para otras categorías aseguradas por terremoto, en el segmento de bienes privados, dentro de los cuales estarían empresas, nos encontramos con un total de 167.044 inmuebles protegidos en la ciudad contra este riesgo, por un total de $153 billones”, le dijo Fasecolda a El País.
Nicole Calderón vivía en el sur de Cali, en el epicentro de la tragedia, y aunque su edificio no colapsó, tuvo que abandonarlo por las afectaciones internas y está a la espera de una evaluación de expertos.
“Son 60 apartamentos que tuvimos que evacuar. En mi caso yo tengo seguro contra terremoto, y mi madre, que también vivía en este lugar, tiene una cobertura que tomó con el seguro de la copropiedad, como lo hicieron otras personas. Nosotros ya hicimos el reporte a la aseguradora y, por ahora, encontramos un lugar para vivir todos”, comentó.
Si una vivienda estaba asegurada con el riesgo de terremoto, el seguro tendrá que responder por los daños de la edificación hasta los valores, límites y condiciones establecidos en la póliza, según Fasecolda,
Se recomienda, a los afectados, contactar a la aseguradora, tan pronto como sea posible, para informar los daños identificados y recibir orientación sobre el proceso.
Pero como no todos los vallecaucanos contaban con seguros para poder recuperar algo de su inversión, se requiere el apoyo del Gobierno que ya anunció subsidios como los de arriendo, entre otras ayudas para los damnificados.
El profesor Julio César Alonso prevé que la crisis de vivienda llevará a un aumento en la demanda por casas en arriendo, en la región, porque la gente no podrá regresar a sus apartamentos por un tiempo y requiere un lugar para vivir. “Se puede dar un alza en el precio de los arriendos, por la alta demanda, y también una salida de personas hacia municipios vecinos o migración a otras partes”, proyecta.
Cómo será la reconstrucción
Erik Vergel-Tovar, profesor de planificación urbana de la Universidad de los Andes, comentó que para planificar una reconstrucción que realmente reduzca la vulnerabilidad frente a futuros desastres, se debería adoptar un modelo similar al Forec, el cual permitió la reconstrucción del Eje Cafetero tras el sismo de 1999.
“Dado que en esta ocasión hay múltiples municipios y ciudades afectados, la propuesta concreta es crear el Fondo de Reconstrucción de la región Pacífico y Eje Cafetero (FORPEC). Esta sería una instancia de nivel nacional diseñada para coordinar toda la ayuda y los recursos financieros, tanto de origen nacional como internacional, de la mano con cada una de las entidades territoriales implicadas”, recomendó el experto.
Añadió que para coordinar esto, la declaratoria de emergencia es clave porque brinda las bases legales para que los municipios puedan tomar decisiones como adelantar la revisión y el ajuste de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
Para el experto, una decisión determinante es fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de revisión y ajuste de los POT que ya están en curso, como es el caso de Cali, partiendo de lo que se evalúe en esta reconstrucción.
“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el DNP y la UNGRD pueden brindar asistencia técnica en este ajuste de los POT de los municipios afectados, ya que estas entidades han elaborado lineamientos específicos para incorporar la gestión del riesgo en el ordenamiento”.
El ingeniero Alberto Gaviria, que ha recorrido las zonas impactadas para hacer una evaluación de las edificaciones en Cali, comentó que es difícil en este momento establecer el costo de la reconstrucción porque primero se debe finalizar el censo en todas las poblaciones.
Una vez pase esto, recordó, viene una segunda etapa de las aseguradoras con sus ajustadores para hacer las respectivas evaluaciones para establecer el nivel de daño y los reconocimientos económicos.
“La tercera fase sería adelantar los estudios técnicos de rigor para establecer el nivel de daños de las edificaciones que quedaron en pie y el tipo de intervención que necesitarían”, dijo el ingeniero.
Estas tareas van a tomar tiempo, por lo que se teme que muchos de los damnificados no podrán regresar a sus apartamentos y quizás nunca lo hagan.