Una decisión del Consejo de Estado volvió a encender el debate político en Cali. El alto tribunal ordenó al Concejo de Cali adoptar medidas inmediatas para destrabar la elección del contralor distrital, un proceso que llevaba meses en disputa.
En la decisión, el Alto Tribunal ordena como medida provisional que el Concejo designe un contralor encargado en un plazo máximo de cinco días desde la notificación del fallo. Este nombramiento será temporal mientras se adelanta el proceso definitivo.
Adicionalmente, el tribunal fijó un término máximo de tres meses para que se realice la convocatoria pública que permita elegir al contralor para el periodo 2026-2029. La orden establece que el proceso debe cumplir criterios técnicos y ajustarse a principios como transparencia, objetividad, imparcialidad, publicidad y participación ciudadana.
En ese contexto, el Consejo de Estado hizo referencia a la necesidad de tener en cuenta la resolución del 18 de noviembre de 2025, mediante la cual el Concejo de Cali levantó la suspensión del proceso.
El fallo, fechado el 27 de abril de 2026, responde a una acción de tutela interpuesta por Diego Mauricio López Valencia, quien hacía parte de la terna en el proceso anterior.
¿Qué pasará con la terna anterior?
Uno de los puntos destacados es que el fallo no ordena reanudar el proceso previamente suspendido, ni tampoco elegir de la terna que había resultado de esa convocatoria.
Por el contrario, la decisión apunta a iniciar una nueva convocatoria pública, lo que implica empezar de cero el proceso de selección. Este elemento marca una diferencia clave frente a las expectativas de quienes consideraban que debía retomarse el trámite anterior.
El Consejo de Estado también señala que se deben dejar sin efectos decisiones previas del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca relacionadas con el caso, al considerar que no se cumplía con los requisitos de claridad en el cronograma del proceso.
La decisión advierte que el incumplimiento de estas órdenes podría acarrear sanciones por desacato. Además, insiste en que la designación del contralor encargado debe hacerse respetando los requisitos legales y técnicos establecidos, mientras se adelanta el proceso definitivo.
Cabe mencionar que la elección del contralor ha estado rodeada de controversia en los últimos meses, con denuncias de presiones externas para favorecer nombres específicos y alertas sobre la parálisis en la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad.
Con esta orden judicial de medida provisional, el Concejo de Cali deberá ejecutar las acciones administrativas necesarias antes de que termine el mes de julio de 2026 para cumplir con el mandato del alto tribunal.