En medio del descontento y el estallido social que se configuró a nivel nacional y que ha tenido mayor resonancia en Cali, en solo tres semanas las prioridades de la ciudad han cambiado.

De pensar en cemento y obras mayúsculas de infraestructura, ahora la ciudad da un alarido de urgencias sociales y necesidades básicas insatisfechas que tiene acorralado al Gobierno Municipal, a tal punto de estar ad portas de cambiar su libreto.

El primero de los timonazos se advierte en un proyecto de urbanismo sobre el que este año se atizó una polémica: la renovación de la Avenida Sexta.

Aunque no hacía parte del paquete de 19 proyectos con los que se sustentó la petición del crédito de $650.000 millones con el que se buscan ejecutar proyectos del plan de desarrollo actual, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que lo sacaría adelante con dichos recursos, dado su avanzado estado de planeación y que generaría 7000 empleos directos y otros 2500 indirectos.

No obstante, Ospina reseñó ayer que los $60.000 millones que costaría dicho proyecto serán redireccionados.

“Nuestros jóvenes demandan mayor esfuerzo, y construcción colectiva de soluciones, he decidido que los recursos que se utilizarían para la reconstrucción y rediseño total de la Avenida Sexta pasarán a los jóvenes a su inclusión de emergencia social, empleo, deporte y cultura”, escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Este primer cambio de planes pone sobre la mesa el debate de qué se debe hacer con los $650.000 millones y si los rubros de inversión, por los que el Municipio estará en deuda por los próximos nueve años, deben ser replanteados teniendo en cuenta que la mayoría de los proyectos a ejecutar apenas se encuentran en estudio.

Para la concejala Diana Rojas es imperante hacer una reestructuración de este crédito. “Hoy, mínimo $100.000 millones deberían estar pensados para poder reestructurar y darle moral a la ciudad no solamente desde la infraestructura física sino desde la reconstrucción del tejido social”, aseguró Rojas.

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“Es imperativo que avancemos en la reconstrucción del sistema de transporte masivo; en las pérdidas que podemos estar teniendo en lo público, que son alrededor de $80.000 millones. Necesitamos que el plan de desarrollo tenga un redireccionamiento y que podamos acompañar al sector privado y al público para tener procesos de reactivación económica”, dijo la concejala.

Asimismo, Rojas planteó que se deben atender necesidades sociales que se han olvidado y que hacen parte del clamor de los sectores más vulnerables. “Que tengamos a los pelados pidiendo ollas comunitarias, jardines infantiles, escuelas en sus territorios, pidiendo que funcionen programas de cultura ciudadana es una muestra que no se dio continuidad a un proceso que se estaba estructurando”, advirtió.

Por su parte, el concejal Fernando Tamayo señaló que uno de los proyectos más importantes contenidos en la exposición de motivos del crédito que solicitó la Alcaldía es el fondo de las oportunidades, por lo cual se debe robustecer para ampliar el impacto entre los diversos renglones económicos.

“$30.000 millones no son suficientes para ese fondo, hay que fortalecerlo y darle la mano a los microempresarios, a los emprendedores y a aquellos que están necesitando recursos para poder abrir y generar empleo”, dijo Tamayo.

El concejal remarcó que los recursos pueden redireccionarse a fortalecer programas como los comedores comunitarios. “Hay 522 comedores y $24.000 millones en recursos para servir 51.055 raciones de comida. Se estima que en Cali unas 100.000 personas se acuestan sin comer, es necesario atenderlas. Mi propuesta no es de asistencialismo, pero mientras la economía local repunta, se debe poner el foco de la inversión en ellas”, explicó.

Para la politóloga Lina Orozco el direccionamiento de recursos se debe alinear con lo que se acuerde en las mesas de diálogo que tienen lugar en la ciudad, en el marco del paro nacional.

“Muchos de los proyectos (del plan de desarrollo) recién empiezan con el desarrollo de estudios y diseños de prefactibilidad y factibilidad. De ahí que la Alcaldía esté recuperando proyectos como la Avenida Sexta y esté dándole continuidad a las megaobras. Los proyectos que cuentan con estudios en fase 3 ya estarían listos para inversión, es decir, pueden ser contratados para empezar obra y no deberían desfinanciarse, justamente porque son proyectos que generarían empleo” dijo Orozco.

Entre tanto, la veedora Luz Betty Jiménez hizo hincapié en que el rediseño de esta política de inversión debe apuntar a proyectos y programas que promuevan “el mayor número de empleos para jóvenes, mujeres y demás sectores que tradicionalmente han sido discriminados por los gobiernos, circunstancia que demanda de la necesidad de llegar a ciertos acuerdos con empresarios del sector privado”.

Para la veedora “deben descartarse de plano proyectos como la construcción del Edificio Inteligente, el parque temático en el antiguo predio del club San Fernando, la remodelación de la Avenida Sexta, entre otras”.
De otro lado, el también veedor Pablo Borrero manifestó que en la reformulación del gasto de estos recursos del crédito “lo que no debe suceder es la contratación de personas bajo el modelo de prestación de servicios al estilo de los antiguos ‘guardas cívicos’ aprovechando el decreto de urgencia manifiesta, para privilegiar a la clientela política a propósito de la campaña electoral en la cual tiene interés el Alcalde”.

Sobre el crédito

En septiembre del año pasado la Alcaldía solicitó al Concejo una autorización de endeudamiento por $650.000 millones, en aras de impulsar 19 proyectos movilizadores del plan de desarrollo actual e impulsar la economía local.

Entre dichos proyectos se incluyeron Cali Inteligente, el ecoparque Corazón de Pance, el parque Tecnológico San Fernando, el parque Pacífico, el catastro multipropósito, el bulevar de San Antonio, la recuperación de 400 kilómetros de vías, entre otros.

En medio de una polémica por la falta de claridad en cómo se ejecutarían los recursos, en octubre del 2020 el Concejo aprobó dicho proyecto de acuerdo, que autorizaba el endeudamiento del Municipio hasta el 2030.

En sí, el Municipio se hizo a un crédito sindicado con siete entidades financieras: BBVA, Bancolombia, Bancos de Bogotá, Popular, Agrario y Occidente, Davivienda, y la banca pública a través de Findeter.

Hasta el momento, la Administración Municipal solo ha utilizado una porción de los recursos para la construcción del Centro de Bienestar Animal, obra que deberá estar lista al finalizar el 2021 y que tendrá un costo de $14.000 millones.

Aún está pendiente la asignación presupuestal, así como la priorización, de los diferentes proyectos que contempla ejecutar la Administración con estos recursos.